/?w=256&q=100 "Miguel Angel Lacouture")
La Constitución garantiza el derecho a elegir y ser elegido; negarlo, vulnerarlo o condicionarlo es quebrar la esencia misma de la democracia.
En lo poco que pude conocerlo, esta frase del entonces senador Miguel Uribe Turbay resume su pensamiento socio-político: un ideario enmarcado en la Seguridad Democrática que, bajo Álvaro Uribe Vélez, rescató a Colombia del narcoterrorismo que la asolaba desde finales del siglo XX.
Miguel retomó esas banderas y las defendió con estatura moral y política en tiempos adversos, frente a un gobierno encabezado por Gustavo Petro, antiguo miembro de grupos que, con violencia, pretendieron tomarse el poder, en una época en que la guerrilla servía al narcotráfico. Aquellos años dejaron tragedias como la toma y quema del Palacio de Justicia (1985), que acabó con casi toda la cúpula de la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Su legado es el de la entrega total a las causas nacionales, con coherencia y servicio. Su carrera fue vertiginosa: concejal de Bogotá, secretario de Gobierno, candidato a la Alcaldía, aspirante al Senado y, finalmente, senador más votado del último periodo legislativo, con 223.000 votos.
Nieto del presidente Julio César Turbay Ayala —creador del Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978), que permitió desarticular organizaciones subversivas—, fue presidente del Concejo de Bogotá y figura destacada del Centro Democrático.
Esa visibilidad despertó la ira presidencial. Entre el 1.º y el 20 de mayo de 2025, Petro dedicó 43 publicaciones en X y dos discursos públicos a atacarlo —uno el Día del Trabajo y otro en Barranquilla—. Ambos precedieron el atentado del 7 de junio de 2025 que, pese a los esfuerzos médicos, terminó con su vida.
Petro no disparó la pistola Glock usada en el crimen, pero con su retórica inflamó los ánimos y corrió simbólicamente la corredera, dejando lista el arma para que un fanático, enardecido por el lema “libertad o muerte”, apretara el gatillo.
Hoy, tras despedir a Miguel, corresponde exigir al gobierno garantías plenas para el ejercicio del derecho fundamental a elegir y ser elegido (art. 40 C.P.). Según la Registraduría Nacional, más de 39 millones de colombianos integran el censo electoral. Deben poder votar libres de miedo y coacción.
La historia enseña: no podemos permitir que en 2026 se repita el error de Venezuela, donde un cálculo político entregó el poder a un proyecto autoritario que lleva 26 años y 6 meses de narcodictadura disfrazada de democracia.
Los partidos y movimientos afines en lo ideológico deben abandonar intereses individuales —políticos, burocráticos o económicos— y acordar un mecanismo único de selección. La Ley 1475 de 2011 (art. 6) permite consultas interpartidistas para definir candidatos. La cita debe ser en marzo de 2026, para llegar a la primera vuelta con un solo aspirante de coalición.
Arriesgarse a una segunda vuelta con voto fragmentado es jugar a la ruleta rusa. La matemática política es implacable: 70 % dividido en diez partes es menos que un 30 % unificado. Y cuidado: una centroizquierda cohesionada (Fajardo o López, por ejemplo) podría superar fácilmente a una derecha dispersa y forzar una segunda vuelta favorable a la izquierda.
No hay excusas: el marco jurídico existe, la experiencia histórica advierte y las cifras confirman el riesgo. La unión no es una opción, es una obligación patriótica.
Soldado avisado no muere en guerra.
