Están sobre la mesa electoral dos propuestas sobre las que los colombianos decidiremos cuál de ellas será el marco económico y social que regirá el destino del país, durante el próximo cuatrienio. Cualquiera que sea el elegido o elegida, va a recibir el mismo país. Un país harto descuadernado, con unas cuentas fiscales desfinanciadas, altamente endeudado –ad portas de un default–, enredado con un legislativo que se niega a dejar su modelo transaccional individual, con una organización pública disfuncional maniatada por su misma estructura; con alto riesgo de ver crecer la inflación, el desempleo; con los motores del sector privado a media marcha para reactivar la economía; con un rezago energético de grandes proporciones; con alta dosis de esperanza, desesperanza, mamados del odio; con un paraestado cada vez más fuerte por sus fuentes ilegales de financiación ­–el narcotráfico, la explotación ilegal de minerales­– y con áreas que defienden ferozmente con la intimidación de la población en todo el país. Todo esto con el agravante de que Colombia no ha logrado insertarse en un contexto internacional que marcha a velocidades signadas por la tecnología, y que está lejos de los problemas y disputas que nos tienen anclados en el pasado, pero que nos identifica como el país de la coca.

Una de las propuestas se fundamenta en el convencimiento de que Colombia debe crecer, generar riqueza y oportunidades de negocios y de empleo, que es lo que permite la inclusión y la distribución del ingreso. De insertarnos como país que produce alimentos y bienes para el mundo, bajo las reglas que el consumidor y los mercados exigen; de proveer seguridad física y jurídica y de eliminar el hecho real de ser el país mayor productor de cocaína.

La otra persigue profundizar la reforma agraria. Vende la idea de que por esa vía se llega a una mejor distribución del ingreso y de la riqueza; de hacer que el Estado asuma la producción de bienes y servicios, y de querer adecuar el marco constitucional para que su orientación no sea vea entorpecida. Persiste en el gran desacierto del discurso agrarista y las promesas de acuerdos de paz en los que se comprometió el gobierno de Gustavo Petro, que nacieron muertas porque ya no había qué acordar desde el punto de vista político, porque la contraparte se había convertido en mercenarios de la cocaína y en grupos terroristas que defienden su negocio y la ilegalidad. Por eso no había materia que negociar en su estrategia de paz que, tozudamente el mandatario intenta mantener hasta el último minuto de su gobierno. Son intereses completamente opuestos a una reivindicación social atada a un pasado.

No creo en la paz; en esa paz que le vendieron al electorado fraudulentamente, en ese concepto de negociaciones de paz que la desvirtuó, que la utilizó para intentar cerrar lo que la izquierda llama una deuda social con el campesino para camuflar, con el mote de progresismo, al comunismo. Fue una bandera suplantada que permitió mantener el narcotráfico y la explotación ilegal de minerales. Una edición de esos acuerdos con un nuevo gobierno, cierra todas las posibilidades de lograr una mejor equidad, y aún más, si a la fórmula se le añade estatización, olvida reformar la educación y evade depurar la estructura del Estado. Serán cuatro años de penumbra o cesar la horrible noche.