Se ha manipulado el concepto de la paz hasta un punto intolerable. Incluso, se podría decir que se han aprovechado de esta palabra irrefutable, poderosa y llena de luz.  

No en vano, el Gobierno la ha usado como propia para que aceptemos un acuerdo, que desde varios ángulos, es inaceptable. Pero hay que hacerle varios cuestionamientos a esta “paz de Santos”. Porque valga decir que esta última no es más que una negociación, en la que se le ha negado a un pueblo la posibilidad de ser escuchado.

En efecto, la semana pasada estuve visitando los departamentos del Cesar y La Guajira y puedo dar fe que en ningún momento fueron consultados los habitantes de La Paz y Fonseca sobre la zona veredal transitoria de normalización y el campamento de las Farc que se fijarán allí, respectivamente.

Si bien es necesario que la guerrilla se concentre en algún punto del territorio nacional para que organismos internacionales puedan hacer una verificación de la entrega de armas y un censo de los guerrilleros, también es necesario que este proceso no se haga de espaldas al país. Es absolutamente inaceptable que por la “paz de Santos” se pretenda entregar a las Farc, municipios que ya habían sido recuperados de la violencia de dicho grupo guerrillero. Y es más reprochable, todavía, que el presidente lo haga sin la aprobación de los habitantes de estas regiones.

¿Por qué no se acordaron zonas de concentración en territorios del país que se encuentran despoblados? Es indudable que en estos también se hubiera podido hacer el mismo desarme, la misma desmovilización y la misma verificación internacional. ¿Por qué el Gobierno expone a los habitantes de 23 municipios a los atropellos de una guerrilla, que ha probado ser enemiga de Colombia? ¿Por qué tantas zonas? ¿Por qué durante tanto tiempo? ¿Por qué se escogen lugares en los que la guerrilla ya fue relegada por la Fuerza Pública? ¿Por qué el Gobierno de Juan Manuel Santos restituye a las Farc como si fuera, otra vez, el momento de mayor poderío e influencia de dicho grupo guerrillero?

Cada colombiano que se pueda ver afectado por las 23 zonas veredales transitorias de normalización y los 8 campamentos de las Farc, merece tener voz y voto al respecto. Si ellos deciden abrir sus puertas a esta propuesta imperfecta, si deciden vivir bajo la influencia de las Farc, si creen en este Gobierno y en esa guerrilla, si creen que sus hogares son el lugar idóneo para hacer la entrega de armas, entonces están en todo su derecho de alzar su voz y legitimar esto.

Pero si piensan lo contrario, también tienen todo el derecho a manifestarlo y a ser escuchados. Porque el proceso de La Habana no se puede convertir en un comité de aplausos. ¡Somos ante todo ciudadanos, no porristas de un Gobierno!

Es por eso que como colombiana, ciudadana y congresista, tengo derecho a expresar mi opinión e indagar sobre las decisiones que está tomando Santos. No me deja de inquietar lo que pasará en esas zonas de concentración. Y por variar, el Gobierno no logra comunicar con claridad lo que va a suceder en estos territorios.

Por ejemplo, no sería raro que en estos territorios, las Farc comiencen a hacer política, incluso antes de entregar sus armas. Desde el Gobierno dicen que esto no ocurrirá, pero no se explica de qué manera puede evitarse si está previsto que se retire a la Fuerza Pública de las zonas de concentración. Con un agravante más: ¿Será el voto del plebiscito por la paz, un voto forzado por las armas? Esa sería una gran ironía y, sin lugar a dudas, una de las mayores contradicciones de la historia de Colombia.

Yo exijo como colombiana que la mediocridad, que ha sido el común denominador del proceso de paz, no perjudique a las personas que residen cerca de las zonas veredales y los campamentos ya estipulados. Exijo que a estos colombianos se les explique, con pormenores, la manera en la que está pensada la defensa de su integridad física, de sus proyectos de vida, sus derechos políticos y sus pertenencias.

Yo exijo que el Gobierno garantice que las zonas de concentración no serán otra versión de la zona de despeje. Que no se le brindará a un ejército de delincuentes, los espacios y la tranquilidad para que crezcan y prosperen. Si no va a haber presencia de la Fuerza Pública, tampoco se debe entregar a manos de delincuentes el porvenir de estas poblaciones. La presencia de la ONU, aunque valiosa es insuficiente. Esa no es una garantía real de seguridad.

Es inaceptable que el Gobierno entregue estas poblaciones sin haber hablado con la gente. Por eso les pido a las autoridades locales que escuchen a los habitantes de sus municipios, a través de una herramienta constitucional: la Consulta Popular.  De esta manera, Fonseca y las otras poblaciones que han sido designadas arbitrariamente como zonas de concentración, podrán ser oídas. Ya es hora de que el Gobierno Santos entienda, de una vez por todas, que no puede tomar decisiones desde la capital desconociendo las realidades de las regiones.

Sobre el tema de las Fronteras:

El Gobierno de Venezuela, que cierra sus fronteras para los colombianos de bien y permite el libre tránsito a la guerrilla, es garante del proceso de paz. En efecto, no sorprende que algunas de las zonas de concentración de las Farc sean consideradas como corredores estratégicos fronterizos  para el tráfico de drogas, armas y todo tipo de actividades ilegales.   Esto genera muchas dudas sobre las intenciones reales de dicho grupo guerrillero y sobre las actividades que realizarán durante los 6 meses en que ocuparán las 23 Zonas de concentración y 8 campamentos. Lo más grave, es que hoy los colombianos no sabemos si ese plazo de ocupación no acabará por prolongarse, tal como lo ha hecho el proceso de La Habana. Es triste que al Gobierno Santos le hayan faltado pantalones  para hacer valer los derechos fundamentales de miles de colombianos que fueron desplazados del vecino país. Claro, para el Gobierno Santos era más importante seguir contando con Venezuela como “garante imparcial” en La Habana, que sus propios ciudadanos.    @Tatacabello