La ganadería colombiana atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. A los problemas históricos que por años han castigado al productor rural (abigeato, extorsión, secuestro, invasión de tierras, inseguridad en corredores productivos y ausencia efectiva del Estado) hoy se suma un nuevo factor de incertidumbre: la intención del Gobierno nacional de frenar o restringir las exportaciones de ganado en pie y carne bovina, bajo el argumento de controlar los precios internos. Una medida que, lejos de resolver el problema, amenaza con profundizar la crisis de rentabilidad de miles de productores.

El sector no discute la necesidad de proteger el consumo interno ni desconoce la importancia de la seguridad alimentaria. Lo que resulta cuestionable es que se pretenda responsabilizar a los ganaderos de un fenómeno inflacionario mucho más complejo, donde intervienen costos logísticos, intermediación, especulación comercial, combustible, transporte y distorsiones de mercado. Fedegán ha insistido, con cifras en mano, que las exportaciones representan una porción reducida de la producción nacional y que no son la causa estructural del incremento en el precio de la carne.

La propuesta gubernamental de cerrar o limitar mercados internacionales golpea directamente uno de los pocos frentes donde la ganadería colombiana ha mostrado fortaleza y competitividad. Exportar ganado en pie y cortes premium no solo mejora el ingreso del productor, sino que dinamiza toda la cadena: transportadores, frigoríficos, comercializadores, puertos, proveedores veterinarios, empleo rural y formalización. Frenar ese circuito es enviar una señal profundamente negativa al inversionista agropecuario, al pequeño criador y al mediano productor que ha resistido durante años en medio de la violencia y la informalidad.

Pero el problema va más allá de una coyuntura comercial. Lo verdaderamente grave es la sensación de asedio permanente que vive hoy el gremio ganadero. Mientras en muchas regiones los productores siguen enfrentando el robo sistemático de reses, las llamadas extorsivas de grupos criminales y el temor latente al secuestro, el Gobierno parece enfocar sus decisiones en castigar la rentabilidad del sector en vez de blindarlo. El mensaje que reciben miles de familias rurales es demoledor: deben producir más, soportar mayores riesgos y, al mismo tiempo, aceptar que se les cierren mercados estratégicos.

La ganadería ha sido históricamente uno de los pilares silenciosos de la economía colombiana. Genera empleo, sostiene economías regionales, garantiza proteína animal a millones de hogares y representa una reserva patrimonial fundamental para el campo. En departamentos donde otras actividades productivas no logran despegar, el ganado sigue siendo ahorro, flujo de caja, estabilidad social y presencia económica. Por eso preocupa que desde el poder central se siga mirando al ganadero más como un adversario ideológico que como un aliado estratégico del desarrollo nacional.

No son pocos los productores que sienten que este gobierno ha construido una narrativa hostil frente al gremio, presentándolo como responsable de problemas estructurales que obedecen a fallas macroeconómicas, inseguridad y falta de política rural integral. La discusión sobre la exportación de ganado en pie es apenas la expresión más reciente de una relación cada vez más deteriorada entre el Ejecutivo y uno de los sectores más rentables y resilientes del país.

El resultado de este ambiente es previsible: menor confianza, freno a la inversión, reducción en mejoramiento genético, aplazamiento de proyectos de expansión y un productor cada vez más cauteloso frente al futuro. Nadie invierte con tranquilidad cuando siente que las reglas del juego cambian por razones políticas y no técnicas.

Hoy el gremio ganadero mira con expectativa el cierre de este ciclo gubernamental, con la esperanza de que la próxima administración adopte una visión diametralmente opuesta: una política que entienda que producir no puede convertirse en un castigo y que exportar no es un pecado, sino una oportunidad para fortalecer el campo colombiano.

El país necesita un gobierno que proteja al productor frente al delito, que incentive la competitividad y que reconozca en la ganadería una actividad estratégica para la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la estabilidad rural. Porque si algo ha quedado claro en estos años, es que cuando se golpea al ganadero, no pierde solo el gremio: pierde Colombia.