Punto de inflexión

Para quienes creen que existió una edad idílica, durante la cual la especie humana se adaptó pasivamente al entorno natural, hay que recordarles que uno de sus atributos consiste en poder alterarlo como consecuencia de acciones deliberadas. En el plano mitológico esto fue lo que hizo Prometeo: robar el fuego a los dioses, el gran instrumento de su poder, para ponerlo a disposición de los hombres. Y ya dotado de esa potestad divina, desde sus orígenes el homo sapiens no ha hecho otra cosa que modificar el mundo circundante. Esta es una característica definitoria: si bien otros animales pueden desplegar acciones que alteran el ambiente natural en su propio beneficio, nadie distinto a los hombres lo hace de manera consciente.

El resultado inexorable consiste en la afectación negativa, en algunas dimensiones, de la realidad física como en su libro “En defensa de la Ilustración” lo anota Steven Pinker: “… en cierto grado la contaminación es una consecuencia ineludible de la Segunda Ley de la Termodinámica. Cuando las personas utilizan energía para crear una zona estructurada en sus cuerpos y en sus hogares, han de incrementar la entropía en otras partes del entorno en forma de residuos, contaminación y otras formas de desorden”.

¿Qué es lo nuevo, entonces? La escala de las afectaciones que, gracias a las tecnologías de que hoy disponemos, está ocurriendo. Una guerra nuclear masiva puede afectar gravemente la vida en el planeta; el calentamiento global derivado del uso de distintas fuentes de energía, entre ellas los hidrocarburos, está generando un incremento generalizado de las temperaturas que requiere solución a fin de evitar una catástrofe para la humanidad.

Pero estas estrategias deben ser graduales: no es factible implementarlas de manera súbita por los costos insoportables que ello tendría para las generaciones actuales. Su diseño requiere sólidos fundamentos científicos, no prejuicios populares y discursos políticos vacuos.

En realidad, la transición energética ya se encuentra en curso. En pocas décadas, los automóviles eléctricos sustituirán a los que utilizan motores de gasolina. Poco a poco se masificarán las energías eólicas y solar, solucionando parte de los problemas actuales, aunque creando otros.

Colombia tiene, como muchos otros países, dificultades serias para afrontar la transición. Las reservas probadas de crudo alcanzan para 6.2 años de consumo; y las de gas para algo así como 10 años. Si no logramos incrementarlas y, por lo tanto, nos viéramos forzados a importar hidrocarburos, quedaríamos abocados a una fuerte declinación del crecimiento económico, la reducción del empleo y de los salarios reales, esto último como consecuencia de los mayores costos de la energía.

Para lograr una adición sustantiva del inventario de combustibles los estudios disponibles demuestran que el camino promisorio consiste en utilizar las técnicas de estimulación hidráulica o fracking que han sido prohibidos en algunos países o regiones, aunque autorizados en otros luego de amplios debates. China, por ejemplo, avanza en un programa masivo de sustitución de carbón, que es altamente contaminante, por hidrocarburos extraídos usando el nuevo herramental tecnológico. Esta es una opción acertada por razones políticas y ambientales.

Como consecuencia de la ley de la entropía, es necesario aceptar que el fracking, así como cualquiera otra modalidad de generación de energía, tiene efectos colaterales dañinos que pueden ser reducidos, tal como lo reconoce la Comisión de Expertos creada por el Gobierno.

Siguiendo sus recomendaciones, antes de conceder licencias de exploración y explotación de nuevos campos se desarrollarían programas pilotos en distintas partes el territorio. De este modo, el conocimiento científico que ha venido desarrollándose sería puesto a prueba en pequeña escala y bajo diferentes condiciones geológicas.

Esa es una manera adecuada de cumplir el principio de precaución, eje de la legislación ambiental. Lo sensato es conocer y mitigar los riesgos; no la parálisis que nos impide afrontar con claridad un futuro que evoluciona con celeridad.

La arquitectura normativa adoptada desde el año 2013 ha sido cuestionada ante el Consejo de Estado. En una decisión inicial, esas disposiciones han sido suspendidas. En los próximos días deberá fallarse el recurso que el Ministerio de Minas ha interpuesto.

No es este el lugar propicio para desplegar una argumentación jurídica minuciosa. No obstante, conviene señalar que es discutible que una regulación abstracta, sobre una modalidad de explotación de hidrocarburos, por sí sola se traduzca automáticamente en un agravio a la norma constitucional que impone a las autoridades la obligación de “proteger la diversidad e integridad del ambiente”.

Igualmente, es pertinente señalar que para decidir la demanda que tiene el Consejo en frente suyo debe ponderar todos los factores relevantes. Tanto los ambientales como los de orden social y económico. Y que una cuestión con tan profundas implicaciones no puede ser resuelta sin oír a todas las entidades del Estado que tienen competencias en la materia, y a distintos actores de la sociedad civil, lo que no es factible en un fallo preliminar dentro de un proceso cuyo único demandado es el Ministerio de Minas. De otro lado, la prudencia, que es una de las virtudes esenciales de los jueces, obliga, me parece, a que la controversia se desate en la sentencia que finalice el litigio.