Capítulo I – Agenda para la Competitividad del Agro Colombiano

Hay paradojas que un país no puede seguir ignorando.

Nunca antes Colombia había logrado consolidar una presencia tan importante en los mercados internacionales de productos agropecuarios. En 2025, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales superaron los US$15.300 millones, el mayor registro de la historia reciente. La ganadería también abrió nuevos mercados y consolidó otros gracias al esfuerzo y resiliencia de miles de productores y empresarios rurales.

Sin embargo, detrás de esas cifras alentadoras se esconde una realidad que merece una discusión nacional.

Mientras el país celebra el crecimiento de las exportaciones, quienes producen esa riqueza comienzan a recibir cada vez menos pesos por los mismos dólares que generan.

Durante los últimos años, el sector agropecuario colombiano volvió a demostrar una capacidad de resiliencia verdaderamente extraordinaria. A pesar de la incertidumbre que afectó la inversión rural, del incremento de los costos de producción, de las deficiencias en infraestructura, de los efectos de los fenómenos de El Niño y La Niña y de un ambiente de negocios que, en muchas ocasiones, generó más incertidumbre que confianza, los empresarios del campo siguieron sembrando, invirtiendo, produciendo y exportando.

El crecimiento del agro colombiano no puede explicarse únicamente por las estadísticas. Debe explicarse, sobre todo, por la determinación de miles de colombianos que nunca abandonaron el campo, aun cuando las condiciones no siempre les fueron favorables.

Pero precisamente porque el productor ha demostrado esa capacidad de sobreponerse a las dificultades, pareciera que el país hubiera asumido que siempre será capaz de resistir un obstáculo más.

Y ahí radica el problema.

La rápida apreciación del peso colombiano comienza a afectar de manera directa la competitividad del sector exportador. Es cierto que un dólar más barato reduce parcialmente el costo de algunos insumos importados. Pero ese alivio resulta marginal frente a la realidad económica del exportador, que vende en dólares mientras paga salarios, transporte, energía, impuestos y compra el ganado en pesos.

Un ejemplo basta para entender la magnitud del desafío.

Una exportación por US$100.000, con una tasa de cambio de $4.500 por dólar, representa ingresos cercanos a los $450 millones. Si la TRM desciende hasta $3.300, la misma operación genera apenas $330 millones. Son $120 millones menos, sin que haya cambiado el volumen exportado ni el precio internacional del producto.

La pregunta entonces es inevitable:

¿Quién absorbe esa diferencia?

En la práctica, buena parte de esa presión termina trasladándose al productor mediante menores precios pagados por el ganado o por los productos agropecuarios en la finca. Paradójicamente, quien genera las divisas termina financiando con su propia rentabilidad la fortaleza del peso colombiano.

Sería injusto afirmar que Colombia no ha hecho esfuerzos para enfrentar esta realidad. Existen instrumentos importantes, como los programas de coberturas cambiarias administrados por Finagro, que constituyen un avance valioso.

Pero también sería un error conformarnos con ello.

El verdadero problema no consiste en la ausencia de herramientas.

El verdadero problema es que Colombia todavía no ha construido una política integral de competitividad para su agro exportador.

Mientras otras economías entienden que proteger la competitividad significa facilitar el acceso al financiamiento, promover coberturas frente al riesgo cambiario, incentivar la inversión, fortalecer la infraestructura y brindar estabilidad a quienes producen, nosotros seguimos confiando, casi exclusivamente, en la admirable capacidad de adaptación del empresario rural.

Y esa no puede seguir siendo la respuesta.

La resiliencia del productor colombiano no puede continuar siendo la principal política agropecuaria del Estado.

Si aspiramos a consolidarnos como una verdadera potencia agroexportadora, debemos comenzar a proteger no solamente las exportaciones, sino también el ingreso de quienes las hacen posibles.

Quisiera dejar esta reflexión al próximo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, al vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano y a todos quienes tendrán la responsabilidad de orientar la política económica del nuevo gobierno.

El gran desafío ya no consiste únicamente en abrir mercados.

El verdadero reto consiste en garantizar que nuestros productores permanezcan en ellos con rentabilidad, competitividad y reglas de juego que estimulen la inversión.

Porque el campo colombiano ya demostró que sabe resistir.

Ha llegado el momento de que el Estado demuestre que también sabe construir competitividad.

La próxima semana abordaré una pregunta que considero inaplazable: si el camino no es intervenir el mercado cambiario, ¿qué están haciendo Brasil, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea para proteger el ingreso de sus productores y qué lecciones debería aprender Colombia?

Miguel Ángel Lacouture Arévalo

@lacoutu.

Adenda técnica

Las cifras y reflexiones aquí expuestas se apoyan en información oficial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Finagro, Banco de la República y DANE. Las exportaciones agropecuarias alcanzaron en 2025 un máximo histórico superior a US$15.300 millones, mientras Finagro administra programas de apoyo a coberturas cambiarias para exportadores del sector. Precisamente porque existen estos avances, el debate ya no debe centrarse en crear instrumentos aislados, sino en articularlos dentro de una verdadera política de Estado que fortalezca la competitividad del agro colombiano.