El gobierno de Gustavo Petro ha enarbolado la reforma agraria como una de sus banderas populistas para afianzar su permanencia en el poder. Desde la época preelectoral, buscó capturar el voto rural con la promesa de entregar tierras a quienes no las poseen o las tienen en cantidad insuficiente. Para ello, juró distribuir tres millones de hectáreas en cumplimiento de sus compromisos de campaña.

Sin embargo, según datos oficiales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Presidencia, hasta agosto de 2025 se han gestionado alrededor de 647.000 hectáreas mediante recuperación, compra y formalización, de las cuales solo unas 250.000 han sido efectivamente entregadas a beneficiarios. Esto representa menos del 10% de lo prometido, y el tiempo se agota: el sol está a sus espaldas, y muy poco de lo anunciado se ha materializado.Incluso en lo poco que ha avanzado, el gobierno actúa al margen de la ley. Un ejemplo flagrante es la hacienda Las Américas en el Cesar, donde, a sabiendas de la imposibilidad jurídica para repartir las tierras, Petro procedió a una entrega simbólica a más de mil familias.

Los propietarios ejercieron su derecho a la defensa y ganaron el pleito judicial, convirtiendo a esas familias en invasores ilegales. Recientemente, en agosto de 2025, un tribunal tumbó la venta de esta finca de 1.453 hectáreas, avaluada en más de 26.000 millones de pesos, confirmando la irregularidad y dejando en evidencia la irresponsabilidad presidencial que fomenta ocupaciones ilegales.

Durante el 39º Congreso Ganadero en noviembre de 2022, José Félix Lafaurie, a solicitud de Petro, fue designado negociador en los diálogos con el ELN. A cambio, se firmó un acuerdo entre Fedegán y el Ejecutivo: los ganaderos se comprometieron a vender tierras al Estado para distribuirlas entre la población rural necesitada. Hasta la fecha, se han ofertado 1.434 fincas con 605.067hectáreas.

La ANT ha adquirido 62 predios (19.887 hectáreas) y tiene comprometidas 23.056 hectáreas en 48 adicionales, totalizando 110 predios con 42.944 hectáreas de ganaderos.A pesar de esta colaboración, el 14 de marzo de 2025 Petro arremetió nuevamente contra los ganaderos, tildándolos de terratenientes renuentes a vender. Esta reforma se reduce a entregar tierras sin la integralidad para hacerlas productivas, condenando a los beneficiarios a una subsistencia precaria. Los discursos incendiarios de Petro han resonado en el campesinado, impulsando vías de hecho como invasiones y ocupaciones ilegales, a menudo orquestadas por grupos al margen de la ley.

En las últimas semanas, hemos visto un recrudecimiento de ataques a la propiedad rural. En Bolívar, en Arjona y Turbaco, ocupantes traídos de otras regiones, apoyados por motos de alto cilindraje y gama, camiones con equipo, se instalaron rápidamente en fincas, en acciones coordinadas que sugieren respaldo organizado. En Puerto Parra, Santander, invasores equipados desde fuera ocuparon predios ilegalmente. En Zarzal, Valle del Cauca, la ANT prefirió entregar tierras a afrodescendientes e indígenas de Cali, ignorando a los lugareños. En Tolima, las fincas Guamal y Tabor fueron invadidas; solo gracias a la Policía Nacional, con su componente de carabineros y el apoyo del gremio ganadero local, se logró el desalojo.

Como se aprecia, estas ocupaciones ilegales al parecer, presuntamente son promovidas desde el gobierno mediante filtraciones de información sobre fincas ofertadas en venta, aún en proceso de compra por la ANT, sin cierre ni pago. Esto parece un esfuerzo por ganar adeptos políticos en el rural, generando "núcleos productivos" que, en realidad, son puntas de lanza para atacar la propiedad privada.

Desde otra perspectiva, los avalúos catastrales del IGAC, inflados desproporcionadamente (hasta diez veces), parecen diseñados para forzar daciones en pago, configurando una expropiación indirecta. Recordemos a la ANT y al Ejecutivo: estos avalúos fijan el precio mínimo de negociación estatal. Si no cumplieron con los anteriores, menos lo harán ahora. No se debe engañar a los electores con promesas incumplibles.

En conclusión, esta reforma agraria no es más que un fracaso legal y productivo que socava el Estado de derecho. se le debe exigir al gobierno Petro, aclarar si están presuntamente detrás de las invasiones y cesar de ser así, su promoción, respetar la propiedad privada y priorizar compras legales con apoyo técnico para verdadera productividad. De lo contrario, Petro no solo incumple, sino que siembra caos y divide al país.

La ley debe prevalecer sobre el populismo.

@lacoutu