Un interesante documento presentó el gremio ganadero a la Comisión V del Senado de la República, a la que fue invitado el pasado martes 27 de mayo, con el objeto de discutir algunas problemáticas estructurales que enfrenta el sector, evidenciar dificultades tecnológicas que se registran en entidades públicas que, además de entorpecer el buen desarrollo de la actividad ganadera, le impiden avanzar en negocios y tener una mayor y mejor dinámica; y para enfatizar en los peligros crecientes que se están generando para la salud pública, máxime que es un sector que ha demostrado su potencial en el comercio exterior.

Puntualmente señala el gremio que el mayor flagelo que hoy golpea a toda la cadena de valor de la carne, es el sacrificio clandestino, junto con las dificultades que se registran en la expedición de las Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), las cuales han ocasionado problemas en la utilización del Sistema de Trazabilidad e Identificación Bovina - SINIGAN.

Sobre el sacrificio clandestino o informal llama la atención algunas cifras que trae este documento y que dejan ver —sin recurrir a un riguroso análisis estadístico— la dimensión y magnitud de esa problemática, y que obliga a colocar en estado de alerta a todos los ganaderos y especialmente al gobierno nacional.

Veamos: Una de las gráficas nos muestra que el sacrificio informal suma ¡10.1 millones de cabezas! en los últimos diez años (2015-2024). Cifra que resulta aberrante porque demuestra que el sacrificio informal supera el millón de cabezas al año en promedio. Ese solo hecho despierta muchas preguntas, pero vayamos por partes.

Si el sacrificio informal se le compara con el beneficio formal —que en ese mismo periodo suma 33.8 millones de cabezas de ganado—, pues la conclusión es que durante esa década el sacrificio informal equivale a cerca del 30 % del beneficio formal, que son 3,3 años de sacrificio formal, lo cual resulta inaudito. Esas son las magnitudes de las que estamos hablando.

Y si miramos un poco más de cerca las cifras, nos encontramos con que cerca del 40 % del sacrificio informal se ha registrado entre los años 2022 y 2024, sumando 4,1 millones de cabezas de ganado. Más aún, el sacrificio informal es ya un determinante de la canasta del sacrificio total (formal + informal), pasando de participar de un 14,5 % al principio de la década, a un 32,7 % en 2023, ubicando el promedio en 23 % ¿Cómo la ven?

Dice el documento que en 2024 al menos 1,25 millones de animales se sacrifican en la clandestinidad en condiciones que ponen en riesgo la salud pública y que además compiten de manera desleal frente a la industria frigorífica del país. Aquí ya no estaríamos hablando de un sacrificio en planchones o en potreros. Estaríamos hablando posiblemente de organizaciones ilegales con alta capacidad de beneficio al día entre todos sus brazos, porque sacrificar 1.258.000 bovinos en un año (2024), implica beneficiar al día alrededor de 4.800 animales de los que se obtiene unas mil toneladas de carne al día, mal contadas. ¿Cómo las trasportan? ¿Cómo las distribuyen? ¿Qué pasa con las entidades responsables de su vigilancia y control?

Es, además, un negocio grande, porque 1.258.000 bovinos, generan un ingreso bruto en solo animales de alrededor de 4.3 billones de pesos. ¡Hablamos de que en esa década son 10,1 millones de animales sacrificados clandestinamente!

Si hablamos de tasa de extracción formal —un porcentaje que se le quita al hato ganadero vía sacrificio y exportaciones—, esta pasó de 17.7 % en 2015 a 11,8 % en 2024 —ubicándose en un promedio de 13,2 % siempre descendiendo—; y si le agregamos el sacrificio informal, pasa de 20.6 % a 16,0 %, con un promedio de en la década de 16,9 %.

En otras palabras, el sacrificio clandestino le aportó en promedio a la tasa de extracción 3,7 puntos. Eso dimensiona su impacto en la dinámica productiva del hato. Aquí estamos subestimando la salida e ingreso de ganado en pie de contrabando junto con el abigeato (cuyo impacto es importante pero no mayor en esta ecuación). Hablamos entonces de un problema de control, vigilancia y coordinación de instituciones del Estado. Esto para no referirnos a las guías de movilización a matadero, cuyas estadísticas no cuadran con el sacrificio.

Cálculos similares muestran que el consumo de carne no es de 18,1 kilos por habitante (promedio de la década, y que también ha descendido en forma importante), sino de 23,5 kilos promedio en el mismo lapso con sacrificio informal, lo que indicaría que este último le aportó en promedio en esos diez años 5,4 kilos por persona al consumo de los colombianos.

El documento describe muy bien lo que pasa con la expedición de las Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), que han ocasionado problemas en la utilización del Sistema de Trazabilidad e Identificación Bovina – SINIGAN. Tal como lo advierte en su columna Ariel Fernando Galvis (La tragedia de la movilización del ganado), “lo más grave es que esta situación no es nueva, sino que es parte de una decadencia estructural del ICA que ya no se puede ocultar. La entidad, que alguna vez fue símbolo de presencia técnica y autoridad sanitaria en el campo colombiano, hoy enfrenta una crisis profunda; escasez crónica de personal, oficinas sin funcionarios en épocas críticas como diciembre, enero e incluso febrero, por cuenta de políticas de contratación inadecuadas, y una reducción sostenida de su capacidad operativa”.

Este es el estado del arte con el que queremos mantenernos en los mercados internacionales, conquistar el de Estados Unidos y aprovechar el naciente mercado chino. El problema del sacrificio clandestino, de los instrumentos tecnológicos y de las instituciones del Estado, es, además de muy grave, es mayúsculo.