/?w=256&q=100 "Alfonso Santana Díaz")
La multitud de sucesos –la gran mayoría nefastos para nuestro país–, y la abrumadora producción de distractores que tiene origen en el alto gobierno, no permite otear el impacto que podrá generar en Colombia la actual política contra el narcotráfico adelantada por el gobierno de Estados Unidos.
Este país ha señalado, con claridad, que es una lucha para combatir el comercio internacional de drogas ilícitas que afectan a su población. No buscan solucionar el problema de las dictaduras de izquierda, ni el de la erosión de las democracias. Hacen caso omiso a los discursos sobre la intromisión a la soberanía, pero sí buscan que los gobiernos de la región se comprometan con la lucha contra el narcotráfico. Van por las multinacionales de la droga –llámense como se llamen, y me atrevería a decir que, del país que sean–.
Eso coloca a Colombia en un plano bastante complejo. Un ángulo del problema es el consumo interno de drogas ilegales. Si las grandes multinacionales de la droga ilícitas no logran colocar sus productos en el mercado de Estados Unidos –y desde luego en otros mercados como el de Europa o los recientes como África–, ¿A dónde va a parar la acumulación de esa oferta? Naturalmente se volcará al mercado interno. Y esa es la parte grave, pues desde el gobierno no hay un mínimo pronunciamiento sobre cómo se contrarrestará.
El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la ONU destaca que Colombia lidera la producción mundial de cocaína, con 253.000 hectáreas cultivadas de coca, lo que representa el 67 % del total global. Señala que la producción de este alcaloide a nivel global no sólo alcanzó en 2023 máximos históricos sino la de mayor crecimiento de mercado ilícito, con una producción estimada en 3.708 toneladas, un 34 % más que en 2022, y que la producción potencial de cocaína tuvo el escandaloso incremento de 53 %.
Un artículo de El País (España) señala que los datos de las Américas muestran que Colombia es el principal origen del tráfico por mar al resto de países, con mucha más intensidad a Estados Unidos, Brasil, Venezuela, México y Jamaica; por tierra, sobre todo a Venezuela y El Salvador; y por aire, los narcos privilegian a Venezuela.
Colombia ya vivió esas nefastas épocas de florecimiento del microtráfico, de redes que se multiplican en las ciudades a modo de ‘distribución a multinivel’ a través de los jíbaros, que inicialmente se tomaron las grandes ciudades. Hoy cualquier municipio del país cuenta con su red de traficantes, a la par que las incautaciones de cocaína y marihuana ha disminuido y el gobierno abandonó la lucha antidrogas por una incierta transacción por la paz.
Con la contención del comercio internacional de drogas ilícitas, indudablemente se fortalecerá ese microtráfico en Colombia, con las consecuencias sociales y económicas que traerá, en medio de una crisis del sistema de salud que ha demostrado su insuficiencia para atender las necesidades esenciales por su debilidad financiera. Tampoco será extraño el aumento del consumo de sustancias ilícitas entre estudiantes universitarios que, según cifras oficiales, pasó en los últimos 14 años de un 13 % a un 28 %, así como la normalización del uso. Se internará, entonces, el problema del consumo que tiene la sociedad norteamericana, a la sociedad colombiana, con la facilidad de producirlas en casa.
A nivel de sector rural, las consecuencias tendrán mayor impacto. El imperio de las narcoguerrillas es hoy un hecho inocultable. Regiones enteras son acaudilladas por grupos narcoguerrilleros que exhiben un poder militar deslumbrante. Basta ver en las fotos el armamento, los equipos de comunicación o la tecnificación a través de drones.
Además, las comunidades son presas de esta economía ilegal. Miles de familias son parte del problema al convertirse en cultivadoras de coca, a la vez que son milicianos –por las buenas o por las malas–, pues detrás de la puerta de sus viviendas está el camuflado, como lo relatan conocedores del tema. Se repite la historia de niños llevados a la guerrilla, de las violaciones, de los secuestros. Pero además la disputa territorial es el pan de cada día, así como el secuestro de unidades del ejército, cada vez sin importar el número y la violencia contra nuestros soldados, como el prenderles fuego.
Todo eso se llama inseguridad para el campo. Es una tragedia para nuestra población joven. Y es un gran reto para el país. La ciberadicción, el odio y la distracción, no dan tiempo para pensar en estos problemitas.
