Colombia lleva décadas buscando la fórmula para acelerar su crecimiento económico. Cada gobierno llega con un nuevo motor para dinamizarlo con sus reformas y estrategias aumentar el empleo y las exportaciones. En esta gestión, hemos dejado pasar varias veces una verdad evidente: la mayor oportunidad económica del país siempre ha estado en el campo. Y, es triste que preferimos no contemplarla en los programas cuatrienales.

Mientras Colombia ha tratado al sector agropecuario como un capítulo más dentro del presupuesto nacional, en las grandes potencias del mundo comprendieron que producir alimentos es un tema de seguridad nacional, estabilidad económica y liderazgo geopolítico.

Basta con mirar a Estados Unidos. La economía más grande del planeta —líder en innovación, inteligencia artificial, industria y desarrollo tecnológico— nunca ha dejado de considerar al agro como un activo estratégico. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la agricultura, los alimentos y las industrias relacionadas aportan más de 1,5 billones de dólares al PIB estadounidense, equivalente al 5,5 % de su economía. Lo revelador no es el dato económico: es que cada cinco años el Congreso debate y aprueba el Farm Bill, una legislación que trasciende gobiernos y garantiza que esa prioridad nunca dependa del partido político de turno.

En Suramérica, algunos Estados acogieron esta verdad y se convirtieron igualmente en líderes ante el mundo. Brasil tomó una decisión estratégica en 1973 al crear la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y apostar por la ciencia tropical como motor de transformación productiva. ¿Cuál fue el resultado? Hoy es el mayor exportador mundial de carne bovina; Uruguay construyó un sistema de trazabilidad individual que cubre el 100 % de su hato ganadero, convirtiendo la transparencia y la sanidad animal en su principal ventaja competitiva de cara a los mercados internacionales más exigentes; Nueva Zelanda exporta más del 80 % de su producción agropecuaria y la eficiencia ganadera es su modelo reconocido globalmente. Australia, por su parte, consolidó un sistema agroexportador que la posiciona entre los mayores proveedores mundiales de carne de res.

Los caminos que siguieron son diferentes, pero coinciden en la misma dirección: el campo no se administra como un sector más de la economía, es una política de Estado.

Colombia, paradójicamente, ostenta ventajas naturales que muchos de esos países desearían tener. Disponibilidad de agua, 365 días de sol -no tiene estaciones climáticas-, diversidad de pisos térmicos y millones de hectáreas con vocación agropecuaria. Pocas naciones en el mundo reúnen estas condiciones que permiten producir durante los 12 meses del año. No obstante, la institucionalidad agropecuaria asume el tema como un asunto secundario cuando la seguridad alimentaria debe ser un asunto de Estado.

La ganadería refleja esa contradicción con claridad. Las estadísticas hablan solas. Según Fedegán, este renglón aporta el 20 % del PIB agropecuario, alrededor del 46 % del PIB pecuario y más de un millón de empleos en todo el territorio nacional. Detrás de cada finca existe una extensa cadena de valor que involucra transporte, comercio, genética, medicina veterinaria, industria de alimentos, logística y exportaciones. No estamos hablando únicamente de ganado sino de economía real, presente en cada rincón del país.

El sector ha evolucionado profundamente. Incorpora genética de alto valor, sistemas silvopastoriles, tecnología, mejores prácticas ambientales y estándares sanitarios que le permiten competir en mercados internacionales cada vez más exigentes. El desafío ya no es demostrar que la ganadería colombiana puede ser competitiva, el verdadero reto es construir el entorno institucional que lo haga posible de manera sostenida.

Gobernar el campo no significa simplemente aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Se requiere construir vías terciarias, fortalecer la investigación científica, democratizar el acceso al crédito, consolidar la seguridad jurídica, proteger el estatus sanitario -que tanto ha costado construir- abrir nuevos mercados internacionales y garantizar condiciones para que las nuevas generaciones encuentren en la ruralidad un proyecto de vida atractivo. Cada kilómetro de carretera rural reduce costos de producción. Cada mercado que se abre representa nuevas divisas para Colombia. Cada productor que permanece en el campo fortalece la seguridad alimentaria y el equilibrio social del país.

Colombia necesita una política de Estado para el campo: estable, técnica, de largo plazo y capaz de trascender los gobiernos. Con línea hacía el desarrollo rural que no beneficia únicamente a quienes producen alimentos, sino que fortalece la economía, reduce las brechas regionales, genera empleo, impulsa el comercio exterior y consolida la soberanía nacional.

La historia muestra casos concretos y son ejemplos a seguir: Estados Unidos, Brasil, Australia, Uruguay y Nueva Zelanda no llegaron a ser potencias y después protegieron su campo. Llegaron a ser líderes y competitivos, entre otras razones, porque nunca dejaron de protegerlo. El desarrollo agropecuario no es una consecuencia del progreso; es uno de sus lineamientos.

Colombia comienza un nuevo gobierno. Es momento de definiciones que reconozcan las fortalezas. El país tiene riquezas como la tierra, el agua, la biodiversidad y un sector ganadero que ha demostrado su capacidad de transformarse, mejorar la naturaleza y ser sostenible. Tiene lo fundamental para convertirse en potencia agroalimentaria. Lo único que falta es la decisión de actuar como si realmente quisiera serlo. La historia no ofrece dos oportunidades.