El pasado viernes, la Fiscalía puso en evidencia otro vergonzoso espectáculo protagonizado por la JEP: El fiscal Carlos J. Bermeo, perteneciente a esta jurisdicción, fue capturado junto a cuatro personas más –incluido el exsenador Luis A. Gil– en un operativo adelantado en dos hoteles al norte de Bogotá en momentos en que recibían USD 500 mil, a cambio de incidir en el trámite de extradición de Jesús Santrich.

Ante esto, la salida que buscó el partido de las Farc fue la acostumbrada: “hay un sector de la derecha que está enfilando todos sus esfuerzos para atacar el proceso” aseguró el presidente de la colectividad, Rodrigo Londoño, tildando de montaje lo que abierta y descaradamente, fue un acto de corrupción al interior de esa jurisdicción.

¿Qué otras pruebas se necesitan para de una vez por todas corregir ésta vergüenza? El Tribunal de Justicia, creado a la medida de criminales de lesa humanidad, narcotraficantes, genocidas y violadores de niños, refleja la podredumbre judicial por la que atraviesa Colombia. Tribunal que fue diseñado para ser controlado por las Farc, pero que fue vendido como símbolo de reparación y no repetición.

De montaje, los hechos no tienen nada. Es una burla a las víctimas y sus familias, incluso es una cachetada para quienes a ‘capa y espada’ defienden abiertamente su creación y a sus miembros. Todo esto acrecienta la generación de desconfianza entre los ciudadanos y acelera la necesidad de que las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, expuestas por distintos sectores y hasta la misma Fiscalía General de la Nación, sean tomadas en cuenta.

Ojalá y una de ellas sea modificar el Comité de escogencia. Le harían un bien al país que todos los actuales renunciaran y se seleccionara magistrados de la tercera edad, con estatura moral y no ideologizados.

Este no es un ataque a la paz, es una reafirmación de la decisión que tomaron la mayoría de los colombianos en el plebiscito al decirle ‘NO’ a la impunidad para las Farc y exigir que se mire con respeto la Constitución.

Es el momento de enderezar el camino e impedir que esta narcoguerrilla siga comprando con dinero manchado de sangre la dignidad de todo un país. Colombia merece y exige respeto.