Este es un llamado patriótico a conformar un movimiento abierto a todos, pluralista, dialogante pero firme y determinado, en defensa de la Constitución de 1991, con manifestaciones pacíficas y masivas, todos los sábados, en cada ciudad de Colombia.

Serán manifestaciones entusiastas, no silenciosas, con tribunas y oradores, volantes, pancartas, banderas y libros, un sábado tras otro, hasta que Gustavo Petro renuncie a su propósito anti colombiano de querer abolir nuestra querida Constitución e imponer un estatuto inmundo, brutal, sin verdaderos derechos, libertades y deberes, es decir una vertical del poder copiada de las dictaduras de Putin, Ortega y Maduro.

“Es mejor encender una pequeña llama que quejarse de la obscuridad”, dice un conocido refrán. Éste resume bien lo que tenemos que hacer las mayorías amplísimas de Colombia que no soportamos más el caos subversivo instalado en la cumbre de la administración pública por Gustavo Petro y su clique voraz que tratan de imponerse y perpetuarse por la fuerza, la corrupción, la demolición y la mentira.

Encendamos pues una llama y no permitamos que el pesimismo y la queja de que “nadie lucha” y todo está perdido nos divida y nos deje sin orientación. En realidad, millones de colombianos luchan en cientos de ciudades y pueblos, con sus medios limitados o importantes. Son ellos la gran oportunidad que tiene el país de evitar ir como borregos hacia una elección presidencial trucada por la minoría petrista. Encendamos un velón que nos guíe en la noche.

Tal es la primera respuesta que se impone a nosotros en el momento actual: la toma de las calles y avenidas, en forma pacífica, reiterada e inflexible.

La segunda está íntimamente ligada a la anterior. Su propósito es examinar si la búsqueda y obtención de aliados es un impulso legítimo. ¿Tenemos derecho a defender los intereses de la Patria? ¿Tenemos el derecho a defender las libertades y nuestras instituciones democráticas acudiendo también a la ayuda exterior?

No es cierto lo que gesticula Petro en estos días: que pedir ayuda extranjera diplomática y política en este combate contra el totalitarismo que él impulsa es incurrir en traición a la patria. No lo es pues Petro no es, ni representa, ni simboliza, ni encarna la Patria.

El presidente Petro trata de inocular esa idea disolvente desde el 2 de julio pasado cuando dijo que entablará una demanda penal contra su exministro Álvaro Leyva Durán “por conspiración y traición a la patria” por haber éste, supuestamente, pedido a senadores republicanos de Estados Unidos apoyo para impedir la agravación del desastre petrista y la reelección en 2026 del actual inquilino de la Casa de Nariño.

Sin entrar en la discusión de si Leyva Durán tiene o no razón al denunciar los excesos graves de orden personal y político del actual jefe de Estado, es indispensable reiterar que es legítimo que un pueblo que lucha por la perennización de sus libertades contra un poder brutal y minoritario que no respeta las leyes ni la Constitución pida todo tipo de ayuda y respaldo internacional.

La reelección como presidente motiva todo el accionar desesperado de Petro. Pero esa reelección no es permitida por la Constitución de 1991. Eso explica los descomunales esfuerzos retóricos y financieros –sustraídos al tesoro público—, desplegados por el gobierno para pasar, si se lo permitimos, por encima del orden jurídico superior, mediante una constituyente amarilla, de bolsillo, escogida a dedo por los efímeros colaboradores del jefe de Estado.

Sin un pacto general entre todos los partidos de oposición que acepten federarse para vigilar las votaciones en cada mesa en los días electorales de 2026 los petristas utilizarán miles de “testigos” electorales pagados, como en 2022, para imponer, en cada urna, las cifras que dicte el petrismo.

Si los actuales 35 precandidatos y sus partidos se comportan como atletas centrados en sus partidores y en su sola performance individual, la minoría desgastada petrista vencerá a la mayoría en los escrutinios de 2026.

El pasado 9 de julio, el sistema dio un primer paso para enredar esas elecciones. La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que le había entregado a la empresa Thomas Greg & Sons la “solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de las elecciones presidenciales del 2026”, mediante un contrato que asciende a los 2,1 billones de pesos. Eso es lo que la RNEC llama “la logística” de las elecciones del próximo año.

Esa firma, propiedad de los hermanos Bautista, había montado el cuestionado escenario de 2022: con las horribles urnas opacas de cartón bajo la mesa y entre las piernas de los jurados, y éstos todos venidos de un gremio ultra politizado (Fecode); con débil presencia de los partidos, incapaces de verificar los contenidos de formularios y resúmenes; con transmisión de datos únicamente mediante las redes y servicios de telecomunicaciones de esa firma, y con diferencias entre los votos depositados en cada urna y las cifras transmitidas al centro de la RNEC en Bogotá.

Esa labor había sido dejada en manos de Thomas Greg & Sons. Ahora esa firma vuelve a ser protagonista, cuando, por el contrario, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral deberían recuperar la dirección y la vigilancia efectiva de las elecciones. La Procuraduría General de la Nación debe también articularse a cada una de las pruebas técnicas realizadas y no solo “a seis componentes del proceso”, como dice la resolución de la RNEC.

El silencio atronador que mantiene la RNEC y el CNE sobre el voto electrónico y los equipos software de votar y escrutar debe terminar: el país sabe que las experiencias de 2022 fueron negativas y que el Estado debe volver al método seguro y verificable del voto-papel, empleado en las democracias avanzadas. Estas rechazan el voto digital por sus fallas intrínsecas: por ser susceptible de ser penetrado por hackers exteriores y por la imposibilidad de verificar la legalidad de las aplicaciones, algoritmos, protocolos y firmwares embarcados.

El día de las elecciones legislativas y las dos de la elección presidencial deben ser preparados por los partidos de oposición como verdaderos combates en cada mesa de votación, no como trámites sin substancia.

Llama mucho la atención la actitud que adopta Petro ante el regreso de Thomas Greg & Sons: “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”, afirmó sin explicación alguna. Tiene razón el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al responderle este 9 de julio: “Yo desconfío de quien ha sido elegido congresista, alcalde de Bogotá y presidente con el sistema electoral actual, y hoy dice desconfiar de él, solo con la intención de quedarse en el poder al saber que en el 2026 no ganarían las elecciones a través de mecanismos democráticos. Ojo Colombia y ojo comunidad internacional. Así comienzan las dictaduras.”

Las movilizaciones entusiastas, un sábado tras otro, no silenciosas, con debates, tribunas y oradores, con pancartas, banderas, volantes y libros, son el corazón del dispositivo para impedir que un nuevo fraude electoral decida los destinos del país. “Es mejor encender una pequeña llama que quejarse de la obscuridad”.

La Linterna Azul, Bogotá, 10 de julio de 2025