La reciente decisión del Gobierno nacional de extender mecanismos asociados al denominado proceso de implementación del acuerdo con las FARC ha sido presentada ante la opinión pública como una medida administrativa necesaria para garantizar el cumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado colombiano. Sin embargo, para amplios sectores de la sociedad, especialmente para miles de víctimas del conflicto armado, esta determinación representa una nueva ampliación de la impunidad y una dolorosa confirmación de que la justicia sigue siendo la gran ausente en el llamado proceso de paz.

Desde el inicio de su administración, el presidente Gustavo Petro ha mantenido una línea política claramente favorable a la profundización de los beneficios otorgados a los grupos armados que participaron en las negociaciones de La Habana. No se trata de una posición reciente ni improvisada. Hace parte de una visión ideológica que considera que la estabilidad del acuerdo debe prevalecer incluso cuando persisten enormes interrogantes sobre verdad, reparación y sanción efectiva para los responsables de graves crímenes.

Han pasado varios años desde la firma del acuerdo y todavía Colombia observa cómo los máximos dirigentes de una organización responsable de secuestros masivos, atentados terroristas, asesinatos selectivos, reclutamiento forzado de menores y desplazamientos de comunidades enteras ejercen actividad política, reciben financiación estatal, cuentan con esquemas de seguridad financiados por los contribuyentes y ocupan espacios de representación pública que cualquier ciudadano honrado difícilmente alcanzaría después de décadas de trabajo y esfuerzo.

Esa es quizás la paradoja más desconcertante de este modelo. Mientras millones de colombianos luchan diariamente para sobrevivir en medio de la crisis económica, la inseguridad y la falta de oportunidades, quienes alguna vez declararon la guerra al Estado han terminado convertidos en beneficiarios privilegiados del mismo sistema que combatieron.

Lo más preocupante es que las víctimas continúan esperando respuestas. Muchas familias aún desconocen el paradero de sus seres queridos desaparecidos. Otras siguen aguardando reparaciones integrales que nunca llegan. La verdad completa permanece fragmentada y la justicia parece haberse transformado en una promesa permanente aplazada para un futuro indefinido.

La extensión de estos mecanismos ocurre además en un contexto nacional complejo. Mientras el Gobierno insiste en defender los resultados de sus políticas de negociación, diversas regiones del país enfrentan el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales, el aumento de las extorsiones, el control territorial por parte de organizaciones criminales y el resurgimiento de dinámicas de violencia que muchos colombianos creían superadas.

La llamada "Paz Total", que fue presentada como la gran apuesta transformadora del actual gobierno, no ha producido los resultados prometidos. Por el contrario, numerosos sectores consideran que ha enviado un mensaje equivocado: que la presión armada sigue siendo una herramienta eficaz para obtener concesiones políticas. Allí radica uno de los mayores riesgos de esta estrategia. Cuando el Estado premia reiteradamente a quienes desafían la institucionalidad mediante la violencia, termina debilitando el principio de autoridad y generando frustración entre quienes siempre han respetado la ley.

Resulta inevitable recurrir al sarcasmo político frente a una realidad que parece desafiar toda lógica republicana. En Colombia, quien cumple las normas paga impuestos, enfrenta dificultades económicas y lucha por abrirse camino en medio de la adversidad. En cambio, quien empuñó un fusil contra la Nación termina obteniendo micrófonos, representación política, protección oficial y recursos públicos.

Mientras tanto, las víctimas escuchan discursos sobre reconciliación y construcción de paz, pero continúan esperando que alguien les explique por qué la justicia parece haberse convertido en la principal sacrificada de este experimento político.

A medida que se acerca el final del actual mandato presidencial, queda la impresión de que esta nueva extensión constituye otro gesto dirigido a quienes históricamente han sido aliados ideológicos del proyecto político que hoy gobierna el país. Lejos de corregir los desequilibrios que han generado inconformidad ciudadana, el Gobierno parece decidido a profundizarlos.

La historia será finalmente la encargada de emitir su veredicto. Pero desde ahora resulta legítimo preguntarse si estas decisiones están construyendo una paz sólida y duradera o si, por el contrario, están consolidando un modelo donde la impunidad se presenta como reconciliación y donde las víctimas vuelven a quedar relegadas a un segundo plano.

Porque cuando la justicia se aplaza indefinidamente y los privilegios sustituyen las sanciones, la paz corre el riesgo de convertirse en un simple discurso político. Y una paz edificada sobre la sensación de impunidad difícilmente podrá convertirse en la paz verdadera que Colombia merece.