En 2022, el Gobierno de Gustavo Petro y Fedegán firmaron un acuerdo para facilitar la venta voluntaria de tres millones de hectáreas de tierras ganaderas, destinadas a la reforma agraria y al cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, lo que parecía un avance hacia la democratización de la tierra ha tomado un rumbo preocupante con la introducción de los “Núcleos Territoriales” y el reciente Decreto 033/2025, que plantea serias dudas sobre la protección del derecho a la propiedad privada.

Los Núcleos Territoriales, ahora denominados “áreas priorizadas”, son zonas focalizadas por el Estado para adquirir predios y concentrar adjudicatarios de tierras, principalmente campesinos. Este enfoque, lejos de promover una reforma agraria equitativa, parece esconder una estrategia que limita el derecho de los propietarios a disponer libremente de sus bienes, consagrado en el artículo 58 de la Constitución. El Decreto 033/2025, en su artículo 2.14.6.4.15, obliga a los propietarios de predios rurales en estas áreas, con dos o más Unidades Agrícolas Familiares (UAF), a notificar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) su intención de vender, otorgándole al Estado un derecho preferencial de compra en un plazo de apenas 15 días hábiles. Esta medida amplía y endurece la obligación establecida en el artículo 39 de la Ley 160 de 1994, que solo aplicaba a tierras adjudicadas por el Estado, extendiéndola ahora a cualquier predio en zonas estratégicas.

El problema radica en la falta de claridad sobre los conceptos de “utilidad pública” o “interés general” que justifiquen esta intervención del Estado. La Ley 160/1994, en su capítulo VI, contempla la expropiación por motivos de interés público, pero no la adquisición preferencial en áreas priorizadas. Esta confusión genera una contradicción que atenta contra los principios constitucionales de la propiedad privada. Además, no debemos mezclar la función social y ecológica de la propiedad —que obliga a usar los bienes en beneficio de la sociedad y el medio ambiente— con una supuesta obligación de vender al Estado. Estas son limitaciones al uso, no causales para imponer ventas forzadas.

Lo más alarmante es el contexto de las áreas priorizadas: regiones como el Magdalena Medio, Sur del Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y el Catatumbo, zonas de alta sensibilidad socioeconómica y de seguridad nacional. Estas coinciden sospechosamente con propuestas como la creación del “Departamento del Magdalena Medio” o el “Sur Caribe”, áreas de influencia de grupos armados ilegales y proyectos binacionales de desarrollo entre los gobiernos de Petro y Maduro. Este último, en medio de la crisis humanitaria del Catatumbo, ha propuesto una “zona económica binacional” con Norte de Santander, Táchira y Zulia, sin detalles claros sobre su implementación. ¿Es esto una casualidad o un plan concertado?

La reforma agraria no debe ser un pretexto para restringir derechos fundamentales ni para consolidar colonias agropecuarias en zonas estratégicas bajo lógicas políticas. Los ciudadanos debemos estar alerta ante lo que podría ser una “expropiación exprés recargada”, un mecanismo que, lejos de democratizar la tierra, podría servir a intereses que comprometen la soberanía y el desarrollo económico del país. Es hora de exigir transparencia y proteger la propiedad privada como pilar de una Colombia libre y justa.

@lacoutu