Una médica veterinaria denuncia el robo de sus animales predilectos en su finca y cuestiona la lentitud de la Fiscalía y la falta de protección legal para animales de granja con valor afectivo. Un caso que expone vacíos institucionales y sociales en el campo colombiano.

Eran las dos y cuarto de la mañana cuando Claudia Marcela Lara Lara, médico veterinaria de la Universidad Nacional, despertó para ir al baño en su predio en Tocancipá (Cundinamarca). No escuchó ruido extraño, los perros permanecían en calma. (Lea en CONtexto ganadero: Conozca acerca de las bondades de los ovinos)

Lo cierto es que, mientras dormían, una o varias personas, ingresaron por un costado poco vigilado y sustrajeron al menos dos ovejas (un macho y una hembra), además de un cordero recién nacido, y dejaron en el camino un aborto y una oveja muerta. Al amanecer, el esposo de Lara descubrió que faltaban animales, la malla estaba doblada y el corral, violado. “Nos robaron, nos robaron”, gritó el esposo, y la angustia familiar estalló.

Claudia interrumpió su clase virtual, corrió al corral, trató de salvar lo salvable, pero todo se sintió golpeado, destruido por los bebés muertos, madres sin crías y ausencia de rastros. Las ovejas Peppa y Jacinta no eran para comercio, eran queridas mascotas del hogar.

Para muchos, una oveja es un activo rural; para Lara y su familia, Peppa y Jacinta eran parte de la vida en la finca. Peppa fue la primera oveja que compraron, creció con sus hijas como animal de compañía, con mimos, cuidados especiales, visitas bajo techo. Jacinta, gestante, había comenzado a llenar ubre. Es decir, ese apego convierte el robo en agravio personal.

Económicamente, perder reproductores de cruzas Dorper con seis meses de vida representa una pérdida relevante para una granja. Pero perdiendo ese vínculo emocional, la víctima siente que le arrebatan algo mucho más profundo, un pedazo de su identidad rural, su proyecto de vida, la memoria de esos animales que le enseñaron a criar.

Silencio institucional

Lara acudió a la policía de carabineros local; llegaron, la instaron a calmarse, y le dijeron: “cállese”, como ella lo aseguró. La profesional nunca dejó de llorar ante la magnitud de la pérdida y tramitó la denuncia ante la Fiscalía el día siguiente, sabiendo que tendría que esperar cinco días hábiles para recibir un número de proceso. En ese tiempo, las ovejas podrían ser faenadas, vendidas o desaparecer para siempre.

El malestar aumenta cuando la veterinaria compara con casos de robo de perros o gatos, haciendo referencia a que esos sí suelen recibir atención pública inmediata y difusión mediática. En sus palabras, “aquí hablamos de vida”.

Lara puso en cuestión la falta de prioridad legal, la ausencia de cámaras en zonas periféricas y la impunidad en el campo. Además, reclamó que una oveja también siente, que la ley debe reconocer su valor.

La legislación colombiana contempla sanciones por maltrato animal, pero con frecuencia se limita a mascotas urbanas. Animales de producción quedan encasillados como bienes muebles, sujetos a reclamaciones patrimoniales en casos de hurto, pero sin la categoría de víctima viviente. Esto reduce la urgencia institucional de actuar.

No hay protocolos claros para rastrear ovejas robadas ni coordinación entre policía rural, Fiscalía y autoridades ambientales. En zonas rurales dispersas, las autoridades deben actuar rápido ante la pérdida de un animal que, en pocas horas, puede convertirse en carne o mestizaje sin rastros.

Este caso no es único, pues en muchas regiones ganaderas se reportan robos de animales, abigeato o hurto de reproductores. Pero rara vez los medios se detienen en el impacto humano o emocional. En regiones remotas, las denuncias quedan archivadas por falta de seguimiento.

El caso de Lara visibiliza esa realidad ignorada, pues cuando roban animales “menores” o no comercializables, la reacción institucional es lenta, la atención es escasa, la sensación de impunidad es alta. (Lea en CONtexto ganadero: Al igual que las vacas, las ovejas serían una solución para la recuperación del suelo)

Finalmente, Lara insistió en que no quiere reemplazos, quiere que le devuelvan a Peppa y Jacinta. Que les den un número de proceso, que investiguen, que rastreen pistas. Que la Fiscalía entienda que no es un bien mueble cualquiera, es vida.