La irrupción forzada en una finca de Turbaco revive el temor de los productores frente a la inseguridad jurídica rural. La intervención coordinada entre autoridades, gremios y el propietario permitió el desalojo, pero la incertidumbre persiste.

El sábado 23 de agosto, a las seis de la mañana, el ganadero Harbey Rangel recibió una llamada urgente de su trabajador diciéndole que un grupo de personas había llegado en motos y un bus hasta la entrada de su finca en jurisdicción de Turbaco, Bolívar.

Lo que parecía un incidente normal pronto se convirtió en un grave episodio de invasión rural, con tintes de ilegalidad e incertidumbre institucional que sacudió al sector ganadero local.

Al no contar con ninguna autorización ni presencia de la fuerza pública, el trabajador les advirtió a los recién llegados que no podían ingresar. Sin embargo, cerca de 30 personas rompieron una cerca e ingresaron a la finca.

Rangel, junto a su esposa, alertó de inmediato a las autoridades, quienes llegaron al lugar para verificar la situación. (Lea en CONtexto ganadero: Invasiones en masa a fincas de Bolívar, ¿quién financia esta mafia?)

Lo que hallaron las autoridades fue un grupo de personas sin identificación clara ni representación formal, que afirmaban haber recibido órdenes de entidades estatales como la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

De acuerdo a Rangel, “dijeron que venían por órdenes, pero no supieron decir exactamente de quién. No había documentos, no había legalidad. Eso fue una invasión disfrazada de legalidad”.

La falta de claridad en las supuestas instrucciones desató preocupación en el gremio, donde se teme que este tipo de acciones se multipliquen y se deslegitime la institucionalidad rural.

Desalojo efectivo

Gracias a la rápida intervención del general (r) Fernando Murillo, líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, el equipo jurídico liderado por Eduardo García, y el acompañamiento de reconocido ganadero Miguel Torres Badín, miembro directivo de Fedegán, se logró coordinar una acción con la Alcaldía de Turbaco, la Gobernación de Bolívar, la Policía Nacional, la Infantería de Marina y las brigadas solidarias ganaderas. El operativo culminó con el desalojo completo de los invasores ese mismo día.

Sin embargo, el día lunes 25 de agosto, algunos regresaron, poniendo nuevamente en alerta al propietario y a la comunidad. La presencia militar disuadió esta nueva tentativa, y hasta el momento, la finca permanece libre de ocupación.

Lo sucedido deja al descubierto una realidad de aparente descoordinación entre entidades del Estado, sumado a la vulnerabilidad jurídica del sector productivo rural y la creciente inseguridad en torno a la tenencia de la tierra.

En este caso, ninguna entidad ha confirmado oficialmente haber emitido una orden de ocupación sobre el predio. (Lea en CONtexto ganadero: ¡Alerta máxima! Oleada de invasiones en Bolívar y otras zonas: Productores denuncian escalada a nivel nacional)

Para el productor, la toma de su tierra en manos de desconocidos es un atropello por parte de una “mafia de invasores manipulados por manos oscuras”.

Finalmente, el caso plantea una alerta roja para las autoridades nacionales. La falta de control y la ambigüedad en los procesos de recuperación de tierras pueden ser aprovechadas para vulnerar los derechos de los propietarios legalmente establecidos. Es por esto que si no se garantiza seguridad jurídica, el campo colombiano seguirá en riesgo.

La finca de Rangel hoy está desalojada, pero la pregunta sigue en el aire ¿quién dio la orden? Y más aún, ¿cuándo será la próxima invasión?