El sacrificio ilegal, una práctica extendida en varias regiones del país, avanza sin freno afectando la economía rural y la salud pública. Un ejemplo de la gravedad de este flagelo ocurre en Boyacá, donde empresarios y expertos denuncian el colapso del sacrificio formal y la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades.

El sacrificio clandestino de animales representa una seria amenaza para la salud pública, el bienestar animal y el desarrollo rural. Este fenómeno, que opera fuera de los controles sanitarios, pone en desventaja a las plantas de beneficio legales, impide la trazabilidad de los productos cárnicos y perjudica a los pequeños productores.

En departamentos como Boyacá, donde el sacrificio formal ha retrocedido y las plantas legales enfrentan una dura competencia desleal, la urgencia de actuar se ha hecho evidente. Además de evadir impuestos y comprometer la seguridad alimentaria, el sacrificio clandestino pone en riesgo la sostenibilidad de una actividad fundamental para el campo colombiano.

El sacrificio clandestino de ganado ha crecido a niveles alarmantes. En municipios del Valle de Tenza como San Luis de Gaceno, Santa María o Chibor, apenas se sacrifica una res al mes en plantas autorizadas, mientras el consumo de carne continúa constante. Esto revela una práctica cada vez más normalizada y peligrosa.

Didier Martínez, gerente del frigorífico Valle de Tenza, explicó que este fenómeno no solo vulnera la salud pública al no cumplir estándares de sanidad, sino que además representa un delito tipificado en el Código Penal, específicamente el artículo 372 sobre corrupción de alimentos.

“Las autoridades municipales y departamentales no están actuando frente a este delito y se evidencia una falta de articulación total entre alcaldes, Policía y autoridades sanitarias”, afirmó.

El impacto no es menor: las plantas legales, que han invertido grandes sumas para cumplir la normatividad vigente —incluido el Decreto 1500 de 2007—, se ven amenazadas económicamente por esta competencia ilegal que evade normas técnicas, fiscales y ambientales.

Impacto económico y social

Óscar Sánchez, gerente de la planta de beneficio de Duitama, Frigocentro Cacique Tundana, confirma la gravedad del problema: “En estos momentos en Boyacá se estima que el sacrificio ilegal sobrepasa el 45 % del volumen que se sacrifica en plantas. Hace pocos años, las dos plantas nacionales más grandes del departamento superaban las 5.000 cabezas al mes. Hoy no alcanzan las 3.500”.

Además de la competencia desleal, Sánchez señala los múltiples riesgos que trae esta práctica: evasión de impuestos, afectación ambiental, y sobre todo, un grave peligro para la seguridad alimentaria. “Los mataderos clandestinos no gestionan subproductos, no garantizan calidad del agua, generan residuos sin tratar, y no cumplen ninguna norma sanitaria. Esto genera un riesgo real para la salud pública”, explicó.

Las plantas legales, en cambio, han desarrollado sistemas de gestión de calidad, cumplen con rigurosos controles sanitarios y aportan a entidades como el Invima, ICA, Corpoboyacá y Fedegán, sin contar con el impacto positivo que generan en la economía formal y el empleo rural.

Esfuerzo colectivo

Combatir el sacrificio clandestino requiere acciones articuladas. Javier Enrique Rodríguez, secretario técnico de Fedegán en Boyacá, señaló que este flagelo “debilita la cadena cárnica formal, desalienta la inversión y limita las posibilidades de avanzar hacia sistemas productivos sostenibles y trazables”.

Por su parte, Martínez propuso que los alcaldes suscriban convenios con plantas legales para que los expendedores locales puedan acceder a servicios de sacrificio formal, todo esto con apoyo del Invima y bajo vigilancia de la Procuraduría. También insistió en que Fedegán debe reforzar campañas informativas y promover incentivos económicos para quienes denuncien faenas clandestinas.

Por su parte, las secretarías de salud, el ICA, la Policía Nacional y los entes territoriales deben cumplir su papel en la vigilancia, control e inspección de la cadena cárnica. Solo con la participación activa de todos los actores podrá garantizarse un sistema alimentario seguro, justo y sostenible.

Erradicar el sacrificio clandestino no es solo una medida sanitaria, es un compromiso con la justicia económica, el bienestar animal y la salud pública. Boyacá tiene la oportunidad de liderar una transformación que fortalezca el campo, proteja al consumidor y dignifique la labor de quienes hacen las cosas bien.