El gremio advirtió que la persistencia de estos hechos introduce un factor de incertidumbre que trasciende al sector vial y se proyecta sobre el entorno económico general, debido a que la inestabilidad en corredores clave debilita la confianza, eleva los riesgos operativos y complica la toma de decisiones en materia de inversión, logística y desarrollo territorial.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), la escalada de hechos violentos contra las vías concesionadas del país está teniendo efectos económicos y logísticos de alto impacto, con consecuencias que van más allá del sector constructor y afectan la competitividad, la libre movilidad y la seguridad de miles de ciudadanos.

De acuerdo con el gremio, entre 2023 y 2025 se han presentado más de 2.000 bloqueos en corredores concesionados, una cifra que refleja la persistencia de interrupciones al transporte de personas y mercancías. A estos eventos se suman atentados contra estaciones de peaje, ataques a proyectos viales y la destrucción de más de 40 máquinas, lo que ha elevado los costos operativos y generado retrasos significativos en obras estratégicas. (Lea en CONtexto ganadero: Seguridad, crédito y vías: esto prometen los precandidatos al agro colombiano)

Estas acciones, según cálculos del sector, han provocado pérdidas económicas cercanas a los $10 billones, con impactos directos sobre la competitividad del país, el abastecimiento de bienes esenciales y la vida cotidiana de comunidades que dependen de estos corredores para su actividad productiva. En algunos casos, también se han reportado asonadas en peajes y cobros irregulares a conductores por parte de grupos que exigen pagos sin contar con autorización legal o constitucional.

Igualmente, recordó que estos hechos no se concentran en un solo territorio. En los últimos meses se han registrado episodios en corredores como la Ruta del Sol III, tramos del Magdalena y la vía Popayán–Santander de Quilichao, entre otros, lo que evidencia un patrón recurrente que incrementa los riesgos para usuarios y trabajadores del sector.

Más allá del impacto material, la Cámara Colombiana de la Infraestructura subrayó que la situación plantea un desafío institucional de mayor alcance. A su juicio, la protección de la infraestructura vial no responde a un interés gremial, sino a una obligación constitucional del Estado relacionada con la garantía de la seguridad, la libre movilidad y la preservación de la inversión pública y privada.

En ese contexto, la CCI reconoció la disposición de la Dirección de Seguridad Nacional del Ministerio de Defensa para fortalecer las condiciones de seguridad en las vías concesionadas. No obstante, insistió en la necesidad de una mayor presencia del Ejército Nacional en puntos críticos, como parte de una estrategia integral que permita contener la violencia y recuperar el control territorial en los corredores más afectados. (Lea en CONtexto ganadero: Bloqueos en vías nacionales dejan pérdidas por $1,9 billones y 455 días de productividad, advierte Colfecar)

Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, advirtió que la persistencia de atentados contra peajes, bloqueos en corredores concesionados y actos de violencia sin resultados judiciales visibles está generando un efecto de normalización del delito. Según señaló, la ausencia de capturas, imputaciones o sentencias frente a hechos reiterados envía una señal de tolerancia institucional que termina estimulando nuevas agresiones contra la infraestructura vial y quienes la operan.

Caicedo Ferrer sostuvo que el problema no radica únicamente en la ocurrencia de los ataques, sino en la falta de una respuesta penal eficaz que permita desarticular a los responsables y prevenir su repetición. En ese sentido, puntualizó que “los pronunciamientos públicos de rechazo, aunque necesarios, resultan insuficientes si no están acompañados de investigaciones oportunas, judicialización efectiva y resultados verificables que restablezcan la confianza en la capacidad del Estado para garantizar el orden público y la libre movilidad”.