Desde la organización alertaron que utilizar estados de excepción o medidas de urgencia para introducir impuestos sin debate amplio debilita la institucionalidad y genera incertidumbre económica. Recalcaron que las transformaciones profundas requieren deliberación técnica, consensos políticos y evaluación rigurosa de impactos fiscales y sociales.

A través de sus canales oficiales y voceros, el Consejo Gremial Nacional expresó su respaldo a las acciones urgentes para atender la emergencia invernal que afecta al país, pero advirtió que el uso de facultades extraordinarias para impulsar reformas estructurales sin debate democrático puede generar riesgos institucionales y económicos.

En un pronunciamiento público, el gremio reiteró su solidaridad con las poblaciones afectadas por la temporada de lluvias y reconoció la necesidad de medidas inmediatas. No obstante, marcó distancia frente al alcance de algunas decisiones. (Lea en CONtexto ganadero: Consejo Gremial plantea sus inquietudes frente a las reformas del Gobierno)

“Apoyamos que se tomen medidas urgentes que permitan atender la crisis”, señala el documento, aunque advierte su “rechazo categórico a la utilización del estado de emergencia […] para expedir medidas que […] introducen modificaciones estructurales”.

El Consejo Gremial sostuvo que decisiones de carácter permanente adoptadas bajo el estado de excepción desbordan su naturaleza temporal. Según el pronunciamiento, estas actuaciones “exceden el carácter transitorio y excepcional” de la figura constitucional y “desbordan el ámbito propio del debate y trámite legislativo ordinario”.

La organización gremial también alertó sobre el impacto que estas medidas podrían tener en la estabilidad jurídica y la confianza inversionista. “La seguridad jurídica, la separación de poderes y la confianza legítima no son principios retóricos; son pilares del orden constitucional y del desarrollo económico”, advierte, al subrayar que la previsibilidad normativa es esencial para la inversión.

Entre las preocupaciones señaladas se incluyen la imposición de tributos extraordinarios, cambios regulatorios estructurales y la alteración de compromisos contractuales, decisiones que —según el gremio— podrían constituir “un precedente institucional de máxima gravedad”. (Lea en CONtexto ganadero: Comunidades ribereñas en alerta por posible crecimiento del río Sinú)

Asimismo, el Consejo Gremial pidió mayor transparencia sobre el costo fiscal de la emergencia y el alcance del gasto público proyectado. En su pronunciamiento, instó al Gobierno a “compartir de manera transparente los costos estimados de la emergencia” y explicar los gastos que podrían superar lo presupuestado para 2026.

Finalmente, la organización concluyó que la atención de fenómenos climáticos extremos debe realizarse dentro de los límites constitucionales. A su juicio, la estabilidad jurídica no responde a intereses sectoriales, sino que constituye un activo estratégico para la Nación y una condición indispensable para la recuperación económica.

La emergencia demanda respuestas inmediatas del gobierno, no transformaciones estructurales sin debate democrático pic.twitter.com/EyUg9UHota

— Consejo Gremial (@ConsejoGremial) February 25, 2026