La escalada de ataques armados en el suroccidente del país, 26 en los últimos tres días, encendió las alarmas por sus graves efectos sobre la seguridad y la economía regional. El sector empresarial exige acciones inmediatas y contundentes para frenar la violencia, proteger a la población y evitar un mayor deterioro de la actividad productiva.

La creciente ola de violencia en el suroccidente de Colombia encendió las alarmas del sector empresarial y productivo. El Consejo Gremial Nacional rechazó de manera categórica los atentados y hostigamientos registrados en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Huila, donde en los últimos días se han intensificado los ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.

La cadena de 26 atentados terroristas que se produjeron en 48 horas incluyó el ataque perpetrado el pasado 25 de abril en el sector El Túnel, sobre la vía Panamericana, en jurisdicción de Cajibío (Cauca), que deja, hasta ahora, un saldo trágico de 21 fallecidos y al menos 36 heridos.

La acción, atribuida a Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon’, de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, se produjo tras la detonación de un cilindro bomba lanzado contra un autobús de servicio público.

Entre las víctimas fatales se encuentra la líder afrodescendiente Patricia Mosquera, en un hecho que ha sido calificado por las autoridades regionales como una "tragedia desgarradora" que afecta principalmente a la población civil y a campesinos de la zona.

Llamado urgente al Gobierno

Además, se registraron acciones contra la Tercera Brigada en Cali y el batallón Agustín Codazzi en Palmira. Estos episodios, según el Consejo Gremial, no solo ponen en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos, sino que afectan directamente la estabilidad económica y social de una de las regiones más estratégicas del país.

Desde el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a los principales sectores económicos del país, se expresó solidaridad con las víctimas y sus familias. El pronunciamiento incluyó un llamado contundente al Gobierno Nacional para adoptar medidas inmediatas y efectivas frente a esta escalada de violencia.

“El país no puede normalizar la violencia ni permitir que el miedo se imponga”, advirtió el gremio, al tiempo que insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública. Esto implica, según el sector empresarial, dotarla de mayor equipamiento, inteligencia y recursos para enfrentar a los grupos armados ilegales que operan en estas zonas.

Para ganaderos y agricultores, estos episodios se suman al ambiente de zozobra y miedo que viven desde hace varios años, pues hace rato dejaron de contar con condiciones mínimas de seguridad para movilizar sus productos, acceder a insumos y desplazarse hasta sus fincas.

Exigencia de justicia y respaldo institucional

Además, los gremios hicieron un llamado a las autoridades judiciales para que desplieguen toda su capacidad institucional en la identificación y judicialización de los responsables de estos ataques. La impunidad, advierten, solo profundiza el problema y envía señales negativas tanto a la ciudadanía como a los mercados.

“Exhortamos a las autoridades judiciales desplegar toda su capacidad institucional para la judicialización de los responsables. El país no puede normalizar la violencia ni permitir que el miedo se imponga”, manifestaron.

El pronunciamiento también reafirma el respaldo del sector empresarial a la Fuerza Pública en su labor de garantizar la seguridad y defender los principios democráticos. En un momento en que el país enfrenta múltiples desafíos en materia de orden público, la articulación entre el Estado y el sector productivo se vuelve fundamental.

La preocupación es clara: sin seguridad, no hay desarrollo. Y en regiones como el Valle del Cauca, Cauca y Huila, donde el agro juega un papel determinante, la estabilidad es un requisito indispensable para sostener el crecimiento económico y el bienestar de miles de familias.