El Ministerio de Comercio concluyó que los subsidios de Estados Unidos no son responsables de la crisis del sector lechero colombiano y decidió cerrar el caso sin tomar decisiones. Aunque la resolución fue firmada el 30 de diciembre de 2025, solo se conoce meses después gracias a un derecho de petición enviado por Fedegán.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cerró la investigación por presuntas subvenciones a la leche en polvo importada desde Estados Unidos y concluyó que no existe una relación sustancial entre esas ayudas y el deterioro del sector lechero colombiano. La decisión quedó consignada en la Resolución 365 del 30 de diciembre de 2025.

Sin embargo, el país apenas se está enterando en marzo de 2026, luego de que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) enviara un derecho de petición solicitando información sobre el estado del proceso. (Lea en CONtexto ganadero: Colombia aplica medidas provisionales a la importación de leche en polvo de EE. UU.)

La investigación había sido abierta en julio de 2024 mediante la Resolución 192, con el fin de establecer si los subsidios otorgados por el Gobierno estadounidense a su producción de leche líquida estaban afectando a la lechería nacional, a través de la importación de leche en polvo.

Durante más de un año se practicaron pruebas, se realizaron audiencias públicas y participaron distintos actores, entre ellos el Gobierno de Estados Unidos, el United States Dairy Export Council (USDEC), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Fedegán y empresas del sector lácteo colombiano.

El análisis técnico determinó que en 2023 Estados Unidos destinó más de USD 1.205 millones en ayudas a la producción de leche líquida y que una parte de ese monto se trasladó a la producción de leche en polvo. No obstante, al revisar su impacto en Colombia, la autoridad concluyó que la incidencia sobre el precio de importación fue de 2,79 % y que no se comprobó una subvaloración significativa frente al producto nacional.

En el estudio de daño, aunque se evidenciaron dificultades en algunos indicadores como producción, acopio formal y márgenes en el sector informal, no se logró demostrar de manera integral la relación causal exigida por la normativa internacional para imponer derechos compensatorios definitivos.

El Comité de Prácticas Comerciales, en sesión realizada en diciembre de 2025, recomendó no aplicar medidas. Con base en esa recomendación, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la terminación de la investigación.

Más allá del fondo técnico, el episodio deja una pregunta abierta: ¿por qué una resolución firmada el último día hábil del año no fue informada oportunamente a la opinión pública?

Fue necesario que Fedegán acudiera a un derecho de petición para conocer oficialmente una decisión que ya estaba adoptada. A pesar del impacto que tiene esta noticia para los productores de leche del país, el Gobierno se abstuvo de publicar los resultados de esta investigación.

Esto resulta especialmente sensible si se tiene en cuenta que 2025 cerró con el mayor volumen de importaciones lácteas en la historia del país: más de 77.600 toneladas, superando incluso el récord de 2020, cuando se registraron 73.663 toneladas. (Lea en CONtexto ganadero: Triste récord para el sector ganadero: Colombia importó más lácteos que nunca en 2025)

De ese total, más del 53 % provino de Estados Unidos, lo que mantiene a ese país como principal proveedor externo de lácteos para Colombia. En ese contexto, una eventual medida sancionatoria habría significado un respiro para miles de productores nacionales que vienen enfrentando menores márgenes de ganancia, caídas en el acopio y otras dificultades crecientes en el mercado interno.

Si bien en septiembre de 2024 se impuso un derecho compensatorio ad valorem del 4,86 % durante cuatro meses, la medida fue temporal y, a juicio de expertos, insuficiente para contener el flujo de producto importado. Las cifras de 2025 mostraron que la dinámica de compras externas no solo continuó, sino que terminó marcando un nuevo máximo histórico.

En últimas, la resolución que cerró la investigación sin sanciones deja a los ganaderos con más preguntas que respuestas. Más allá de los argumentos técnicos sobre las subvenciones que reciben los productores de EE. UU., el debate de fondo sigue abierto: mientras el país incrementa su dependencia de leche en polvo importada, la producción nacional enfrenta retos estructurales que no encuentran solución en el comercio exterior. La decisión del Ministerio cierra un expediente jurídico, pero la preocupación del campo colombiano continúa.