Adriana María Ovalle, vicepresidenta jurídica de Asobancaria, profundizó en la denuncia que hizo el gremio sobre la existencia de redes delictivas que manipulan la Ley de Insolvencia para estafar a acreedores mediante información fraudulenta. Advirtió que el uso de acreedores ficticios y documentos falsos no solo cierra las puertas al crédito formal, sino que conlleva penas de cárcel sin prisión domiciliaria.

En entrevista para Contexto, Adriana María Ovalle, vicepresidenta jurídica de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), puso bajo la lupa un fenómeno creciente que amenaza la estabilidad del sistema financiero: el "cartel de la insolvencia".

Se trata de redes estructuradas de abogados inescrupulosos, promotores y "prestanombres" que utilizan un mecanismo legal y loable para fines ilícitos. La funcionaria explicó en detalle cómo opera este esquema y qué consecuencias legales tienen quienes se prestan para participar en él.

"Es una figura completamente legítima, es muy importante hacer énfasis en ese punto, pero la están utilizando de mal manera, de una forma indebida, para terminar estafando a los acreedores", advirtió Ovalle.

La ley de insolvencia de persona natural, consagrada en el Código General del Proceso y modificada recientemente por la Ley 2445 de 2025, fue diseñada para ayudar a quienes no pueden cumplir sus obligaciones financieras, sentándolos en una mesa de negociación con sus acreedores. El problema surge cuando ese proceso se contamina con información falsa.

"En el momento que uno introduce información fraudulenta en un proceso, estamos pasando de la línea de lo legal a la línea penal", afirmó la funcionaria, señalando que delitos como fraude procesal, falsedad en documento privado y concierto para delinquir son las consecuencias directas de estas prácticas.

Operación basada en el engaño

Según la vicepresidenta, el modus operandi de estas redes comienza en redes sociales, donde ofrecen soluciones "mágicas" y rápidas para quedar con el historial limpio en pocos meses.

Los promotores contactan a deudores a través de redes sociales y les ofrecen "borrar" sus obligaciones en cuestión de meses. Para lograrlo, inflan artificialmente el pasivo del deudor incorporando acreedores ficticios –denominados ‘prestanombres’ o ‘quiroamigos’– que en realidad no tienen ninguna obligación real con la persona.

Estos acreedores falsos forman mayorías dentro del proceso de negociación y terminan imponiendo acuerdos absurdos, como pagar una deuda de 10 millones de pesos en 25 años. El resultado: las entidades financieras, cooperativas, fondos de empleados y hasta el Estado terminan siendo perjudicados.

“En diciembre de 2025 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá emitió un fallo en el cual encontró que había una red, de ahí viene el nombre de ‘cartel’, de personas que prestaban los nombres y que simulaban obligaciones para estafar a los acreedores de esas personas y terminar firmando acuerdos de insolvencia, en los cuales las personas no cumplían con sus obligaciones”, precisó.

Consecuencias reales y penas de prisión

"En el momento que uno introduce información falsa en un proceso, en ese momento ya estamos pasando de la línea de lo legal a entrar en la línea penal", explicó Ovalle y señaló que las autoridades ya están actuando.

Ovalle citó un precedente de 2024, donde el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a un prestanombre a 58 meses de prisión sin derecho a detención domiciliaria.

"Estas penas existen, los delitos están ahí, por más de que a uno le digan que no va a pasar nada, puede pasar algo. Las autoridades están en la mira de estas conductas y son delitos que tienen cárcel y no dan la posibilidad de tener una prisión domiciliaria", recalcó.

El fallo de la Comisión Seccional de Disciplina encontró además que entre los prestanombres había personas privadas de la libertad e individuos que, según sus declaraciones tributarias, no tenían el patrimonio para justificar los préstamos que supuestamente habían otorgado.

Además del riesgo judicial, los deudores que caen en estas redes de buena fe enfrentan la muerte civil financiera. El proceso de insolvencia queda registrado en las centrales de información, bloqueando el acceso a tarjetas de crédito, préstamos para vivienda o capital para negocios por varios años.

Llamado a la ética y al ahorro

Desde finales de 2024, el gremio ha rastreado un comportamiento inusual en las solicitudes de insolvencia que no coincide con el ciclo económico, sugiriendo una pérdida de la cultura de pago inducida por estos promotores. Ante esto, Ovalle hace un llamado a la malicia positiva: "De eso tan bueno no dan tanto".

La recomendación para quienes estén "colgados" en sus obligaciones es clara: buscar directamente a la entidad financiera, cooperativa o fondo de empleados para renegociar de buena fe.

"Busque siempre una solución concertada y mantenga la capacidad de discernir éticamente entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando le ofrezcan una ‘solución mágica’, no trague entero. Lo más recomendable es llamar al banco y pedir asesoría. Esa siempre va a ser la mejor opción y la que al final del día lo va a dejar más tranquilo, pero no solamente financieramente, sino también responsablemente de cara a la sociedad y de cara al país", concluyó la funcionaria.

Vea la entrevista completa a la vicepresidenta jurídica de Asobancaria: