José Ávilez, productor de ese departamento del Cesar, relató cómo vivió la invasión de su predio en este 2026. Su caso se suma a las estadísticas en aumento de ocupaciones ilegales, abigeato y presión de grupos armados en el campo colombiano, al mismo tiempo en el los gremios advierten una débil respuesta institucional.

En cuestión de horas, lo que durante años fue construido con trabajo y esfuerzo estuvo a punto de perderse. Así lo relató José Ávilez, dueño de una finca en el Cesar, quien en febrero de 2026 vivió uno de los episodios más difíciles de su vida cuando un grupo masivo intentó invadir su propiedad en zona rural de Becerril, en el departamento del Cesar.

“De un momento a otro llegó un camión con unas 150 personas que empezaron a armar cambuches y amenazaron a los trabajadores”, recordó.
El hecho ocurrió en el corregimiento La Marchena, a unos 75 kilómetros de Valledupar, y desató momentos de angustia para él, su familia y sus empleados.

Días de miedo e incertidumbre

En entrevista concedida a CONtexto, el ganadero relató que días antes ya había notado movimientos sospechosos como personas tomando fotos y videos a su propiedad. Sin embargo, no alcanzó a sospechar la magnitud de lo que se le vendría. “Al otro día me hicieron desocupar la finca”, narró.
Ante la gravedad de la situación, acudió a las autoridades locales, la Policía y el Ejército, logrando finalmente recuperar el predio con apoyo institucional y del gremio.

No obstante, el proceso no fue sencillo ni barato. Ávilez asegura que tuvo que asumir costos cercanos a los 40 o 50 millones de pesos en logística, alimentación y movilización para garantizar el operativo de desalojo. “Es complicado que a ti te quieran quitar tu tierra y tengas que gestionar todo para recuperarla”, cuestionó.

⚠️🚨 Golpe a la invasión de tierras en el Cesar: 7 capturados en Becerril.

Las autoridades recuperan el terreno y envían un mensaje contundente contra el crimen organizado en el sector rural. 👮‍♂️🌾

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— CONtexto (@ContGanadero) March 5, 2026

Problema más allá de la necesidad

Más allá del impacto económico, el productor describe una sensación de impotencia al ver amenazado su patrimonio. Según su testimonio, detrás de estas ocupaciones no siempre hay familias vulnerables. “De las siete personas capturadas, cinco tenían antecedentes judiciales”, aseguró, al tiempo que advirtió que este fenómeno se ha convertido en un negocio para estructuras delincuenciales. Su percepción coincide con alertas de gremios como Fedegán, que han denunciado el incremento de invasiones de tierras en distintas regiones del país, especialmente en zonas productivas.

Invasión de tierras: flagelo en aumento

Las ocupaciones ilegales de predios rurales han venido creciendo en los últimos años. De acuerdo con reportes de Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, entre 2022 y 2024 se registraron miles de denuncias por el delito de invasión de tierras (usurpación de tierras), con un aumento significativo en regiones como la Costa Caribe.

Gremios del sector han advertido que este fenómeno, no solo afecta a grandes productores, sino también a pequeños y medianos campesinos que ven en riesgo su sustento. A las invasiones se suma el abigeato, un delito que, según cifras de la Policía Nacional, continúa golpeando al sector ganadero, y que, según Fedegán sigue siendo uno de los que más afecta la rentabilidad del sector, generando pérdidas millonarias y desincentivando la inversión en el campo.

Entre la delincuencia y la falta de garantías

El caso de Avilez también pone en evidencia la presión de grupos armados ilegales en algunas regiones. “Estamos viviendo la ‘vacuna’, como hace muchos años”, denuncia, refiriéndose a extorsiones por hectárea.

En este contexto, insiste en la necesidad de fortalecer la presencia del Estado: “Hoy estás a merced de la delincuencia… se necesita más acompañamiento institucional”. Estas preocupaciones se dan en medio del debate por la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, que ha sido cuestionada por distintos sectores productivos. Ganaderos y analistas consideran que la implementación de esta estrategia ha generado percepciones de mayor permisividad frente a actores ilegales, lo que, según ellos, termina afectando a la población civil.