Criadores de ganado y agricultores advierten que el alza desproporcionada en avalúos amenaza la viabilidad del sector y podría encarecer los alimentos. El debate ya no es solo técnico: también es jurídico y social. Este jueves 9 abril salieron a protestar para reclamar al Gobierno.

Este 9 de abril, ganaderos y agricultores de distintas regiones del país protagonizan una movilización nacional para rechazar el aumento del impuesto predial derivado de la actualización catastral. (Lea en CONtexto ganadero: Ganaderos se levantan contra tarifas prediales desproporcionadas)

La protesta surge por un malestar acumulado frente a avalúos que consideran desproporcionados, cobros que sienten alejados de la productividad real de la tierra y una carga fiscal que, según advierten, amenaza con hacer inviable la permanencia en el campo.

El paro estaba previsto para realizarse en Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Antioquia y Atlántico.

La inconformidad no se limita a una región ni a un solo tipo de productor. En la convocatoria confluyen pequeños campesinos, medianos ganaderos y empresarios rurales que ven en esta coyuntura el riesgo de pagar impuestos sobre valores que, dicen, no corresponden con la capacidad productiva de sus predios ni con la realidad económica de sus actividades.

Jorge Rodríguez, presidente de Asoganorte, afirmó que el problema es “el incremento desmedido” en los avalúos de la tierra, el impuesto al patrimonio y el predial. Desde su perspectiva, lo que hoy está ocurriendo, no solo afecta la caja de las fincas, sino que puede comprometer el futuro patrimonial de miles de familias rurales.

Rodríguez advirtió que muchos pequeños campesinos y ganaderos podrían perder beneficios estatales y terminar en una situación límite si los montos a pagar siguen creciendo. Su alarma se concentra en la posibilidad de que productores que han trabajado toda su vida una tierra terminen perdiéndola por no poder asumir la nueva carga tributaria.

También insistió en que la actualización no parece haber recogido las características reales de cada predio. A su juicio, se aplicó una medida general, desconectada de las diferencias productivas, de ubicación y de condiciones rurales. En ese escenario, un predio puede resultar afectado por dinámicas externas, como la llegada de una industria o de otro uso del suelo cercano, sin que su capacidad de producir carne, leche o alimentos haya mejorado en la misma proporción.

La preocupación, añadió, no es solo patrimonial, también es productiva. Rodríguez sostuvo que con estos incrementos se deteriora la rentabilidad y se desincentiva la actividad ganadera y agrícola. En regiones que además padecen malas vías, inseguridad o altos costos operativos, el nuevo peso tributario resulta, en sus palabras, inviable. Si esa presión continúa, el efecto puede traducirse en menos producción y en un deterioro acelerado de la actividad pecuaria.

¿Qué dice Fedegán?

El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, llevó la discusión a una escala nacional y planteó en su reciente columna, que el problema no radica solo en el ajuste de avalúos, sino en la manera como se hizo. Su crítica apunta al carácter “masivo y automático” del proceso, que en su opinión termina escondiendo profundas injusticias.

Lafaurie sostuvo que la medida, presentada como una herramienta para afectar a grandes terratenientes, en realidad termina golpeando a pequeños propietarios. Señaló que la gran mayoría de los predios impactados tiene menos de 100 hectáreas, lo que contradice la idea de que el ajuste no recae sobre productores modestos.

Para el caso de zonas lecheras o de minifundio, incluso pocas fanegadas, pueden convertir a un campesino en aparente mediano productor sobre el papel, sin que su ingreso real haya cambiado. Lea en CONtexto ganadero: Avalúos disparados: Fedegán denuncia aumentos de hasta 1000 % y pide reunión con IGAC)

Desde esa lectura, el dirigente gremial advirtió que el incremento del predial no solo afecta el flujo de caja, sino también el acceso al crédito y la permanencia en programas o beneficios diseñados para pequeños productores. El efecto, explicó, puede ser progresivo pero devastador: aun cuando los aumentos anuales tengan límites, esos topes se aplican sobre una base cada vez más alta, lo que hace que en pocos años el impuesto termine multiplicándose.

Su posición se basa en que la actualización rural no puede apartarse de la capacidad productiva ni de la rentabilidad del predio. De lo contrario, el catastro deja de ser una herramienta técnica para convertirse en un castigo fiscal contra quienes trabajan la tierra.

Perspectiva jurídica

A la dimensión gremial y económica se suma una discusión legal de fondo. El ganadero, columnista y analista agropecuario Miguel Ángel Lacouture Arévalo sostuvo que el Estado no puede cobrar sobre avalúos inexistentes. Su tesis no discute la necesidad de actualizar el catastro, sino la forma y el momento en que esa actualización puede convertirse en base válida para liquidar el impuesto predial.

Su argumento se apoya en la Ley 2294 de 2023, que autorizó un ajuste masivo y automático de avalúos, pero fijó una condición precisa: esos valores solo entran en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente a su incorporación en las bases catastrales. Para Lacouture, allí no hay margen de interpretación. Primero debe determinarse el avalúo, luego incorporarse efectivamente predio a predio en la base catastral y solo después puede producir efectos fiscales.

La advertencia jurídica es relevante porque cambia el terreno del debate. Ya no se trata únicamente de si el cobro es alto o socialmente injusto, sino de si existe una base gravable válida para cobrar. En esa lógica, una resolución general no equivale por sí sola a la incorporación catastral. Sin ese paso, el avalúo no existiría jurídicamente para soportar el impuesto.

Ese planteamiento, además, abre una posible ruta de controversias judiciales. Si la base falla, sostuvo Lacouture, el problema no es de simple trámite ni de notificación, sino de soporte legal del cobro mismo.

Dimensión del problema

Al final del recorrido aparece la voz de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, que ha descrito el panorama en el Valle del Cauca como un “desastre catastral”. Su diagnóstico aporta casos concretos que ayudan a dimensionar el alcance del conflicto.

En Tuluá, una auditoría de la Contraloría Municipal encontró que el 67% de los predios rurales fueron mal liquidados, con miles de casos de incrementos superiores al 100% y alzas rurales de hasta 700%. En Cali, el valor de la propiedad rural saltó de 6 billones en 2020 a 20,9 billones en 2024, afectando sobre todo a propietarios de una sola finca, cuya capacidad de pago no creció al mismo ritmo. En Palmira, los gremios reportan aumentos entre el 40% y el 2.000%, mientras que en La Unión se han denunciado alzas de hasta el 5.000%.

Esa fotografía refuerza la tesis de que el problema no es aislado ni meramente discursivo. Los números sugieren que la presión tributaria puede desbordar la capacidad real de pago en el campo y comprometer la continuidad de actividades productivas esenciales.

Por eso, la marcha de hoy no se explica solo por una inconformidad tributaria. Lo que está en disputa es la sostenibilidad misma del campo colombiano. Para los productores, un avalúo desconectado de la productividad real puede traducirse en menos inversión, menos producción y más riesgo de pérdida de la tierra. Para las ciudades, eso también tiene consecuencias porque cuando cae la rentabilidad del agro, tarde o temprano sube el costo de los alimentos.

Por eso la movilización tiene un eco que va más allá del sector ganadero. En el fondo, el país asiste a una discusión sobre cómo financiar a los municipios sin asfixiar a quienes producen en condiciones cada vez más difíciles. Y sobre todo, sobre si el Estado puede exigir más, sin mirar antes cuánto resiste el campo.