La actualización catastral prometida por la saliente administración como herramienta de ordenamiento territorial se convirtió en una pesadilla para miles de propietarios rurales, con incrementos que en algunos municipios superan el millón por ciento. Para Fedegán, el próximo presidente debe corregir el modelo para que la tributación tenga en cuenta la realidad productiva del campo y no afecte su competitividad.

Los avalúos catastrales de miles de predios rurales subieron hasta 2.500.000 % en municipios como Saravena, Arauca, un salto que disparó el impuesto predial y llevó a productores a marchar en Sucre y en el propio Arauca. Fedegán le pide al próximo Gobierno ajustar el modelo antes de que siga golpeando la competitividad del campo.

El gobierno del cuatrienio 2022-2026 impulsó la actualización catastral multipropósito de los predios rurales del país con el argumento de mejorar la información sobre la propiedad y el uso de la tierra, fortalecer el ordenamiento territorial y aumentar la capacidad de gestión fiscal de los municipios.

Sin embargo, el balance que Fedegán consignó en el libro blanco Las deudas del Gobierno Petro con el sector ganadero sostiene que el resultado fue distinto: la actualización de los avalúos se tradujo en incrementos considerables del impuesto predial que generaron una creciente preocupación entre los productores agropecuarios.

El proceso derivó en alzas de más de 3.000 % en varios municipios, con el caso extremo de Saravena. Lejos de convertirse en una herramienta de desarrollo rural, la actualización terminó percibida como un aumento abrupto de la carga tributaria, que en los últimos meses llevó a productores de Sucre y Arauca a marchar en rechazo.

Reclamos regionales

La aplicación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023) generó protestas y reclamaciones de productores en varios municipios. Ese ambiente llevó a la Defensoría del Pueblo y a Fedegán a organizar jornadas de orientación para explicar los mecanismos de reclamación frente a cobros considerados excesivos.

Durante uno de esos encuentros, Roberto Bruce, director del equipo jurídico de Fedegán, aseguró que el gremio ha conocido casos de propietarios que incluso han contemplado vender sus fincas por el impacto económico de los nuevos cobros.

“Hemos escuchado casos dramáticos de gente que ha tenido que, inclusive, tratar de vender sus fincas [...] Frente a tanta preocupación, se dieron unos conflictos recientemente en nuestro país, unas protestas”, manifestó Bruce.

Para el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, el problema no está en actualizar el catastro, sino en la forma en que se ejecutó el proceso.

El dirigente sostiene que el rezago histórico del catastro rural —que, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), alcanza en promedio 15 años y en algunos municipios supera las dos décadas— terminó trasladándose de manera abrupta a los contribuyentes.

Ante la acusación del presidente Gustavo Petro sobre “la parrandada (sic) de terratenientes improductivos que no pagan impuesto sobre la tierra”, Lafaurie respondió: “No estamos ante contribuyentes ladrones, como sugiere Petro tendenciosamente, sino ante un Estado negligente”.

El dirigente insiste en que el impacto no recae solo sobre los grandes propietarios: según cifras oficiales, el 98,6 % de los predios afectados tienen menos de 100 hectáreas.

Ajustes pendientes

En su balance del cuatrienio, Fedegán plantea que el próximo Gobierno debe ajustar el marco normativo para que la actualización catastral no termine desestimulando la producción agropecuaria. Los avalúos deben atender la zonificación y las características de acceso e infraestructura de servicios públicos, así como las condiciones agroecológica y de vocación productiva.

La principal propuesta consiste en modificar el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 para que los concejos municipales puedan establecer estímulos fiscales a los propietarios, poseedores o tenedores que usen el suelo de acuerdo con su vocación agrológica.

El objetivo, explica el gremio, no es eliminar el impuesto predial, sino convertirlo en un instrumento que incentive el uso productivo y sostenible del suelo rural. A eso se suma la necesidad de fortalecer los mecanismos de revisión de avalúos y corregir las inconsistencias técnicas que hoy distorsionan las valoraciones.