El marco legal quedó listo desde 2023, pero la falta de recursos impidió desarrollar la infraestructura en los municipios más apartados prevista para el abastecimiento local de carne. Fedegán propone una estrategia que combine financiación, asistencia técnica y control sanitario. Como resultado, el sacrificio clandestino de ganado es un problema estructural en buena parte del territorio rural colombiano.

El Gobierno de Gustavo Petro cierra con un avance regulatorio importante pero incompleto para la infraestructura de plantas de beneficio en Colombia: la expedición del Decreto 2016 de 2023, que reglamentó las plantas de beneficio animal de categoría “autoconsumo”.

La norma buscaba facilitar el abastecimiento local de carne en municipios pequeños, reducir costos de transporte y recuperar infraestructura que había desaparecido en varias regiones del país, pero su implementación efectiva no llegó a la escala requerida.

Según el informe “Las deudas del Gobierno Petro con el sector ganadero”, elaborado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), el principal logro del cuatrienio se concentró en el ámbito normativo, ya que el decreto estableció las condiciones sanitarias y de funcionamiento que deben cumplir estas plantas bajo la supervisión del Invima.

Sin embargo, este avance no estuvo acompañado de recursos suficientes ni de una estrategia de inversión que permitiera construir, adecuar y poner en marcha estas nuevas plantas.

Como consecuencia, los resultados en infraestructura fueron limitados y el sacrificio clandestino continuó siendo un problema estructural en numerosas zonas del país, que deriva en una fuerte informalidad del mercado y problemas de seguridad, carneo y abigeato.

Las dificultades para avanzar están en varios frentes: la falta de recursos financieros para construir y operar la infraestructura, las limitaciones presupuestales de los municipios de menor categoría, los altos costos del cumplimiento sanitario y ambiental y la ausencia de una estrategia nacional de financiación y acompañamiento técnico para las entidades territoriales que deben apoyar y controlar estas operaciones.

Óscar Cubillos, jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán-FNG, apuntó que el éxito de esta normativa depende en buena medida de que los entes territoriales, en particular las secretarías de Salud, ejerzan una vigilancia efectiva sobre estos establecimientos.

“El punto crítico es que los entes locales y territoriales hagan la tarea a través de las secretarías de Salud. Si estas secretarías no le ponen el ojo a esta medida, la incorporan en sus actividades permanentes y le hacen seguimiento, ahí va a haber un posible fracaso. Todo el éxito depende de los municipios”, apuntó Cubillos.

El funcionario también ha destacado que uno de los principales beneficios del decreto es permitir una mayor oferta de carne en el país gracias a la infraestructura adicional de frigoríficos, y que las plantas de autoconsumo están dirigidas específicamente a municipios de categoría 5 y 6, lo que evitaría una competencia desleal con los frigoríficos nacionales.

Los obstáculos

No obstante, la norma también generó cuestionamientos desde su expedición. El exministro de Agricultura Andrés Valencia advirtió en su momento que el decreto relajaba requisitos de inocuidad al hacer voluntario el sistema HACCP.

“Esto es un golpe a la salud pública. Implicaría que el Invima y las secretarías de salud tendrían que tener la capacidad operativa para inspeccionar los transportes de alimentos como medida de prevención. Hoy, con el Invima actual, sabemos que esa capacidad es inexistente y se puede prestar para corrupción”, escribió.

La norma también permite la destrucción de carne decomisada dentro de las mismas plantas de beneficio, lo que representaría un riesgo sanitario, y flexibiliza las condiciones de refrigeración exigidas, lo que pondría en riesgo los mercados de exportación de carne colombiana, en momentos en que el país había logrado la apertura del mercado chino, señalaba el exministro.

¿Cómo lograr que se cumpla?

Frente a este panorama, Fedegán plantea que el nuevo gobierno debe complementar el marco normativo existente con una estrategia efectiva de financiación e implementación, destinando dinero para construir y modernizar mataderos en municipios apartados.

“Es necesario destinar recursos específicos para la construcción, modernización y adecuación de infraestructura, especialmente en municipios y regiones apartadas donde el acceso a plantas autorizadas es limitado”, anota en el informe.

El gremio también insiste en fortalecer la asistencia técnica a las entidades territoriales, simplificar los procesos de habilitación sin comprometer los estándares sanitarios, y desarrollar un plan integral de inspección y control para combatir el sacrificio clandestino.

“Resulta fundamental promover esquemas regionales que garanticen la sostenibilidad económica de las plantas, mejorar la conectividad vial para facilitar el transporte de animales y carne, y coordinar acciones entre el Invima, las autoridades territoriales y el sector productivo para asegurar una red de beneficio animal eficiente, segura y acorde con las necesidades del campo colombiano”, concluye.