Un balance de Fedegán concluye que las comunidades energéticas, los proyectos solares y los programas de electrificación impulsados entre 2022 y 2026 no lograron bajar las tarifas para los productores rurales. El gremio le pide al Gobierno entrante aplicar los subsidios ya previstos en la Ley 101 de 1993 y acelerar la infraestructura eléctrica en el campo.

Bajar el costo de la energía para los habitantes y productores rurales fue una de las metas trazadas por el Gobierno saliente para el periodo 2022-2026.

La estrategia apuntó a expandir las comunidades energéticas, impulsar la autogeneración con fuentes renovables (sobre todo energía solar) y ampliar la cobertura en zonas rurales y no interconectadas, con el fin de reducir tarifas y mejorar el servicio.

El balance de Fedegán, contenido en el documento Las deudas del Gobierno Petro con el sector ganadero, concluye que esos avances resultaron insuficientes para bajar de forma significativa el costo de la energía que pagan los usuarios rurales.

El gremio reconoce que durante el cuatrienio se impulsaron proyectos solares y programas de electrificación, pero advierte que la mayoría se quedaron en experiencias piloto, sin alcanzar cobertura masiva.

"Persistieron problemas estructurales como la baja calidad y continuidad del servicio en zonas no interconectadas, altos costos logísticos para la expansión de redes y demoras en la ejecución de proyectos de energías renovables", señala el informe.

El país avanzó en generación distribuida y transición energética, pero ese progreso no se tradujo en un alivio real para el bolsillo de los productores rurales.

Cuellos de botella

Fedegán identifica varios factores que impidieron que la estrategia cumpliera sus metas. El primero: las dificultades técnicas y económicas para ampliar la infraestructura eléctrica en regiones apartadas.

"También influyó la baja articulación entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y los operadores del servicio, lo que generó retrasos en la ejecución de programas de electrificación rural", añade el estudio.

A esto se suman los trámites regulatorios para poner en marcha proyectos de energías renovables, las limitaciones de financiación y la falta de capacidades técnicas en varios territorios para garantizar la operación y el mantenimiento de los sistemas ya instalados.

El gremio señala, además, que muchos proyectos comunitarios carecieron de acompañamiento permanente, lo que afectó su sostenibilidad en el tiempo.

La propuesta del gremio

Fedegán plantea que el Gobierno entrante acelere el desarrollo de microrredes solares y sistemas de generación distribuida, acompañados de esquemas de operación, mantenimiento y asistencia técnica que garanticen su funcionamiento.

También propone simplificar los trámites regulatorios, fortalecer los mecanismos de financiación y promover mayor competencia e inversión en infraestructura para reducir los costos de distribución de energía en las zonas rurales.

La recomendación central del gremio es hacer efectivo el artículo 8 de la Ley 101 de 1993, que ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) fijar subsidios preferenciales en las tarifas de energía para los productores de los sectores agropecuario y pesquero.

El cumplimiento de la norma permitiría "corregir las inequidades que, históricamente, han prevalecido en el modelo de desarrollo económico hacia el campo, entre ellas el sesgo en la interpretación de las normas que, en materia de tarifas de energía eléctrica, imponen cargas sobre los predios, sin distinguir la ubicación de los mismos (urbano/rural) y sus condiciones particulares".