Comce y Fendipetróleo reiteraron que las estaciones de servicio no fijan precios ni reciben subsidios y advirtieron que la implementación del Decreto 1428 de 2025 debe ser clara, nacional y técnicamente viable para evitar confusiones y riesgos operativos.

La Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) y la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) se pronunciaron sobre el Decreto 1428 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional establece un mecanismo diferencial de estabilización de precios del diésel (ACPM) para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial, así como la focalización del subsidio y la exención para el transporte público de carga y pasajeros.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, los gremios reiteraron su compromiso con la legalidad, la transparencia y la prestación continua y segura del servicio público de distribución de combustibles en todo el territorio nacional.

En el pronunciamiento, Comce y Fendipetróleo hicieron varias precisiones. En primer lugar, enfatizaron que las estaciones de servicio no fijan precios ni definen subsidios, ya que son agentes regulados que aplican estrictamente los valores, márgenes y condiciones establecidos por el Gobierno Nacional.

“No somos beneficiarios de subsidios ni tenemos injerencia en la estructura del precio final de los combustibles”, señaló el vocero del gremio, David Jiménez Mejía.

Asimismo, los gremios advirtieron que la implementación del mecanismo diferencial debe contar con claridad operativa y normativa.

Si bien el decreto contempla una aplicación gradual y focalizada, esta queda sujeta a una reglamentación posterior que, según indicaron, debe ser clara, oportuna y técnicamente viable para evitar confusión entre los usuarios y riesgos operativos en las estaciones de servicio. También solicitaron que la medida se aplique de manera uniforme en todo el país, al considerar que las diferencias de precios entre municipios pueden incentivar el desplazamiento de consumidores hacia zonas más económicas, afectando la libre competencia y generando desequilibrios en las ventas.

Otro de los puntos destacados fue la necesidad de una adecuada articulación institucional y una amplia socialización de la medida.

Los gremios señalaron que la correcta aplicación del esquema diferencial dependerá de sistemas de control, identificación vehicular, vigilancia y fiscalización que no trasladen cargas desproporcionadas a las estaciones de servicio ni generen tensiones con los consumidores finales.

Los gremios también hicieron un llamado a garantizar la sostenibilidad del servicio público de distribución de combustibles.

Recordaron que las estaciones de servicio operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, generan más de 50.000 empleos formales y constituyen un eslabón esencial para la movilidad, la economía regional y el abastecimiento del país. Por ello, insistieron en que cualquier ajuste en la política de precios debe considerar la estabilidad operativa y financiera de este sector.

Reiteraron su disposición al diálogo técnico e institucional con los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, con el fin de aportar su experiencia para una implementación ordenada, transparente y segura del mecanismo diferencial.