Argentina y el FMI comenzaron el miércoles a negociar un crédito "stand by" para que el país sudamericano pueda hacer frente a sus turbulencias financieras.   El ministro argentino de Economía, Nicolás Dujovne, se presentó en la sede del FMI y abrió la ronda de negociaciones con una extensa reunión con el economista jefe de la división del Hemisferio Occidental en el FMI, Alejandro Werner.   De acuerdo con el equipo de prensa de Dujovne, Argentina "pedirá un acuerdo financiero 'stand by'", una modalidad específica de los programas de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI).   Por el momento se desconocen los valores discutidos. La agencia noticias financieras Bloomberg dijo el martes que el monto sería de unos 30.000 millones de dólares.   Fuentes del mercado argentino, en tanto, especulan con cifras que van de los 25.000 hasta los 40.000 millones de dólares.   La expectativa del equipo argentino es que el proceso de toma de decisiones sobre este pedido pueda durar hasta seis semanas.   La directora gerente del FMI, la francesa Christine Lagarde, deberá sumarse a las conversaciones el jueves.   En una breve nota, el FMI señaló que "las autoridades argentinas y el personal del FMI se reunieron hoy para analizar la solicitud de apoyo del Fondo por parte de las autoridades argentinas".   Este miércoles, el gobierno argentino recibió un espaldarazo del presidente brasileño Michel Temer.   "La política económica del presidente Macri es una política de responsabilidad, de reformas para el crecimiento sostenible y el desarrollo de Argentina", tuiteó Temer en su cuenta oficial, y agregó que tiene "plena confianza" en el camino emprendido por Macri.   "Hay mayor exigencia"   En Buenos Aires el jefe del gabinete presidencial, Marcos Peña, aseguró que la aproximación al FMI buscaba hacer que Argentina se torne menos vulnerable a problemas de financiamiento externo.   En una conferencia de prensa, Peña defendió el llamado "gradualismo" en la aplicación de reformas económicas adoptado por el gobierno instalado en diciembre en 2015, cuando se inició la aplicación de una línea económica aperturista que rompió con el proteccionismo aplicado por gobiernos anteriores.   Peña atribuyó las dificultades actuales al "contexto global" y a "situaciones internas".   "Hay mayor exigencia de parte de lo que nos prestan la plata", admitió el funcionario, quien añadió que los prestamistas "quieren tener la convicción de que les van a repagar (la deuda) y de que somos creíbles".   Desde la llegada del presidente Mauricio Macri a la Casa Rosada, Argentina tomó más de 100.000 millones de dólares de deuda y elevó su porcentaje de 43% a 54% del PIB, según cifras oficiales.   El inicio de las conversaciones en Washington logró tranquilizar apenas parcialmente la ansiedad del mercado financiero argentino. El peso argentino volvió a cerrar con devaluación de 0,82% con relación al dólar, aunque las bolsas cerraron con fuerte alza de 6,2%, en gran parte debido a la aprobación en el Congreso de una ley sobre el mercado de capitales. Una modalidad clásica del FMI Argentina se vio sacudida en las últimas semanas por una verdadera avalancha de demanda de dólares por parte de inversionistas que huyen del peso y del país. Desde que se iniciaron las ventas en marzo, el Banco Central lleva liquidados unos 8.000 millones de dólares de sus reservas, que bajaron a 55.000 millones. En una tentativa de impedir la salida masiva de dólares, el Banco Central argentino llegó la semana a elevar la tasa de interés a 40%, el nivel más alto en todo el mundo. Los créditos 'stand by' constituyen una modalidad específica entre las líneas de préstamos del FMI. El país se compromete a metas y reformas y el FMI va liberando fondos en función del cumplimiento de esos objetivos. Además, esa modalidad de líneas de crédito establece una rigidez mayor en los controles del FMI a la economía del país receptor. En este caso, la modalidad de "acceso excepcional" permite que los países demandantes tengan acceso a créditos por su valor superior al 145% de su cuota ante el FMI en el período de un año. En general, el programa 'stand by' contempla pagos por parte del país receptor en un plazo de entre 3 y 5 años.