El Departamento de Justicia lo acusó formalmente por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, hecho en el que murieron cuatro personas, entre ellas, tres ciudadanos estadounidenses. La decisión marca un nuevo capítulo en la confrontación entre Washington y La Habana y ocurre en medio del endurecimiento de sanciones impulsado por el presidente Donald Trump.

Estados Unidos elevó la presión judicial y política contra el régimen cubano al anunciar la imputación formal contra el exmandatario Raúl Castro, de 94 años, por cargos de asesinato y conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, relacionados con el derribo de dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate, en febrero de 1996.

La acusación fue presentada por el Departamento de Justicia en una corte federal del Distrito Sur de Florida y divulgada públicamente el pasado miércoles. Según las autoridades estadounidenses, Castro habría ordenado el ataque ejecutado por aviones de combate cubanos contra las avionetas que sobrevolaban aguas internacionales.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró durante una rueda de prensa en Miami que la imputación representa un mensaje contundente frente a ataques contra ciudadanos estadounidenses.

“Si matas a estadounidenses, te perseguiremos, sin importar quién seas o cuánto tiempo haya pasado”, afirmó el funcionario.

Raúl Castro enfrenta siete cargos: uno por conspiración para matar estadounidenses, dos por destrucción de aeronaves y cuatro por asesinato. De acuerdo con la legislación estadounidense, algunos de esos delitos podrían acarrear cadena perpetua o incluso pena de muerte.

Junto al exlíder cubano también fueron acusados varios militares de alto rango presuntamente involucrados en la operación: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.

Tensiones durante décadas

El hecho investigado ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando cazas cubanos derribaron dos avionetas pertenecientes a la organización anticastrista Hermanos al Rescate. En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.

La Habana sostuvo, desde entonces, que las aeronaves violaban el espacio aéreo cubano y calificó a sus ocupantes como “terroristas”. Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el derribo ocurrió en aguas internacionales, contradiciendo la versión oficial cubana.

Uno de los elementos centrales de la acusación es un audio revelado en 1996 por el diario Nuevo Herald de Miami, en el que, presuntamente, Raúl Castro admite haber dado la orden de atacar las aeronaves.

Según la acusación, el entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias autorizó y supervisó la cadena de mando militar que culminó con el lanzamiento de misiles aire-aire contra los aviones civiles.

“Esos misiles destruyeron los aviones sin previo aviso y causaron la muerte de todos los ocupantes”, declaró el fiscal federal Jason Reding Quiñones.

Trump endurece ofensiva

La imputación se produce en medio del endurecimiento de la política exterior de la administración Trump hacia Cuba. Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano ha reforzado las sanciones económicas contra la isla, agravando la crisis energética y el desabastecimiento que enfrenta el país.

Analistas consideran que Washington podría estar replicando una estrategia similar a la aplicada recientemente contra Venezuela: combinar sanciones, aislamiento internacional y presión judicial para debilitar a la cúpula gobernante.

Miguel Díaz-Canel, quien está al frente del régimen cubano, rechazó la acusación y la calificó como “una acción política sin basamento jurídico” destinada a justificar una eventual agresión militar contra la isla.

Pese al aumento de tensiones, Donald Trump aseguró que “no habrá una escalada” porque, según dijo, “Cuba se está cayendo a pedazos”.

No obstante, las autoridades estadounidenses confirmaron que ya existe una orden de captura contra Raúl Castro y advirtieron que esperan que comparezca ante la justicia “por su propia voluntad o por cualquier otra vía”.

La decisión abre un nuevo capítulo en la histórica confrontación entre Washington y La Habana y coloca nuevamente al régimen cubano bajo una intensa presión internacional y judicial.