Mientras la izquierda habla de derechos humanos y protección de las mujeres, uno de sus líderes históricos en América Latina, expresidente de Bolivia, es acusado de haber sostenido una relación con una adolescente de 15 años cuando ejercía el poder. La justicia boliviana ratificó la orden de captura.

La justicia de Bolivia volvió a poner contra las cuerdas al expresidente Evo Morales, luego de que un tribunal ratificara la orden de captura en su contra por un caso de presunta trata de una menor de edad.

El exmandatario socialista, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 y que durante años fue presentado por la izquierda latinoamericana como símbolo de lucha social y defensa de los derechos humanos, es señalado ahora de haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años, quien habría quedado embarazada mientras él ocupaba la Presidencia.

La instalación del juicio estaba programada para este lunes, pero tuvo que ser suspendida debido a la ausencia de Morales y de la madre de la menor, también vinculada al proceso judicial.

La Fiscalía boliviana confirmó que el líder cocalero no compareció ante la justicia y que, ante su inasistencia, se mantuvo vigente su condición de “rebelde”.

El fiscal del caso, Luis Gutiérrez, explicó que el proceso no podrá avanzar hasta que Morales sea presentado ante las autoridades.

“El juicio queda suspendido hasta que comparezca o se haga comparecer por la fuerza pública”, afirmó en conferencia de prensa.

Acusaciones que sacuden a la izquierda latinoamericana

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Morales habría sostenido una relación con una adolescente de 15 años durante su mandato presidencial. El expediente señala, además, que los padres de la menor habrían permitido la relación a cambio de beneficios y favores políticos.

Las acusaciones golpean directamente el discurso que durante años ha promovido buena parte de la izquierda regional, que suele presentarse como defensora de las mujeres, los menores de edad y los derechos humanos.

El caso ha provocado indignación en distintos sectores políticos y sociales de Bolivia, especialmente por la gravedad de las denuncias y por el hecho de que involucran a un exjefe de Estado.

Desde octubre de 2024, Morales es buscado formalmente por la justicia boliviana. Sin embargo, el exmandatario permanece refugiado en el Chapare, una región cocalera considerada su principal bastión político, donde miles de seguidores organizan guardias campesinas para impedir cualquier operativo policial que intente capturarlo.

La situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre la capacidad del Estado boliviano para ejecutar una orden judicial contra uno de los políticos más influyentes del país.

Defensa habla de “persecución judicial”

Los abogados de Morales rechazaron nuevamente las acusaciones y aseguraron que el proceso estaría motivado por intereses políticos. Wilfredo Chávez, defensor del exmandatario, afirmó días atrás que ni él ni su cliente asistirían a la audiencia porque supuestamente no fueron notificados de manera correcta.

Según Chávez, la citación judicial no fue enviada al domicilio de Morales y únicamente se realizó mediante un edicto publicado oficialmente, mecanismo que consideran insuficiente.

Por su parte, Morales insiste en que se trata de una estrategia de persecución impulsada desde el poder político boliviano. A través de sus redes sociales aseguró que no busca impunidad, pero exigió que las acusaciones sean sustentadas con “pruebas legales y reales”.

“No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren con pruebas legales y reales los presuntos delitos que cometí”, escribió el exmandatario en la red social X.

Sin embargo, para amplios sectores críticos, el hecho de que Morales no se presente ante la justicia mientras permanece protegido por sus bases políticas envía un mensaje de privilegio e impunidad incompatible con el discurso progresista que durante años defendió.

La controversia también ha reabierto el debate sobre los abusos de poder en América Latina y sobre cómo ciertos líderes políticos terminan protegidos por estructuras ideológicas que minimizan o relativizan denuncias graves cuando afectan a figuras afines.

Mientras distintos movimientos de izquierda suelen exigir condenas inmediatas frente a casos similares en sectores adversarios, el silencio o las justificaciones alrededor de Morales han sido señalados como una muestra de doble rasero político.