La Federación Departamental de Productores de Leche se declara en emergencia nacional tras el cierre de 250 unidades productivas en Santa Cruz y una caída del 30% en la oferta, exigiendo el fin de una banda de precios vigente desde hace doce años.

El sector lechero de Bolivia ha entrado en una fase crítica que amenaza la estabilidad del suministro nacional. La Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) formalizó esta semana una declaración de estado de emergencia nacional, centrando su reclamo en la eliminación inmediata de la banda de precios vigente desde 2012.

Según la dirigencia, este mecanismo de regulación estatal ha dejado de ser una herramienta de equilibrio para convertirse en un freno que ha provocado el cierre de más de 250 unidades productivas solo en el departamento de Santa Cruz durante los últimos cinco años.

Juan Manuel Rojas, presidente de Fedeple, calificó la situación financiera de los productores como insostenible. El dirigente explicó que los precios fijos establecidos —Bs 4,45 para el Oriente, Bs 4,50 en los Valles y Bs 4,55 en el Altiplano— no guardan relación con la realidad inflacionaria de los insumos.

El encarecimiento de los fertilizantes, los medicamentos veterinarios y el alimento balanceado, sumado a los incrementos en el salario mínimo y los costos logísticos por combustibles, ha ‘pulverizado’ los márgenes de utilidad del productor primario.

Los datos presentados por el sector son contundentes: en los últimos cinco años, la producción ha retrocedido un 30%. En términos de volumen, esto significa que Santa Cruz dejó de entregar aproximadamente 350 millones de litros a la industria procesadora.

Para los productores, el esquema de regulación de precios genera una falta de certidumbre que paraliza la inversión tecnológica y la reposición de ganado, lo que a largo plazo podría derivar en una mayor dependencia de lácteos importados para cubrir la demanda interna.

Pese a que se han mantenido al menos cuatro reuniones de alto nivel con el Ministerio del área y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), los compromisos asumidos por el Gobierno aún no se han materializado en decretos o cambios normativos.

Ante este escenario de inacción, los directorios de las cuencas lecheras en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija inician mesas de trabajo de forma simultánea para definir medidas de presión.

La demanda es permitir que el mercado determine el valor del litro de leche para competir en igualdad de condiciones y frenar la desaparición de más fuentes de empleo rural.