El conteo oficial avanza, pero miles de actas observadas, denuncias y pedidos de nulidad no permiten que se conozca quién será el contendor hacia la presidencia de ese país. El constitucionalista Sergio Tapia advierte sobre una crisis de confianza en el sistema electoral y unas elecciones “manchadas y sombrías”.

Perú atraviesa una de las crisis electorales más delicadas de los últimos años. Aunque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ya procesó el 100 % de las actas presidenciales, el país sigue sin conocer oficialmente quién enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta del próximo 7 de junio, debido a miles de actas observadas que permanecen bajo revisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A la demora institucional se suman denuncias por fallas logísticas, imágenes de material electoral hallado en condiciones irregulares y una creciente ola de cuestionamientos ciudadanos sobre la transparencia del proceso.

En días pasados, la crisis escaló aún más tras la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en medio de la presión política y las investigaciones por presuntas irregularidades.

“No es una simple demora”

El abogado constitucionalista peruano Sergio Tapia aseguró que la situación va mucho más allá de una lentitud administrativa.

“Si solamente fuese una demora no cabría una especulación fundada sobre fraude. El problema está en que desde antes del inicio del proceso se denunciaron y verificaron una serie de problemas orientados a impedir el voto ciudadano”, afirmó.

Tapia sostuvo que numerosas mesas no abrieron oportunamente y que el material electoral no llegó en condiciones adecuadas, especialmente en zonas donde, según él, el respaldo al candidato conservador Rafael López Aliaga era mayor.

“El material electoral nunca llegó en correctas condiciones a muchas de las mesas electorales y principalmente en zonas donde era evidente que el candidato principal era López Aliaga. Se afectó tremendamente el derecho de votar”, denunció.

El constitucionalista calificó el panorama como un “proceso electoral manchado, sombrío, confuso y desconfiado”, y sostuvo que la única salida institucional legítima sería la nulidad total de los comicios.

Críticas más duras

Las declaraciones de Tapia apuntaron a una presunta influencia ideológica en los organismos electorales.

“El sistema electoral está en manos, aún, de agentes del comunismo en el Perú, y no solamente peruanos: son también venezolanos y cubanos”, afirmó.

Según el abogado, existiría una operación política orientada a favorecer candidaturas de izquierda mediante mecanismos institucionales.

“Los funcionarios de izquierda, comunistas y socialistas no creen realmente en la democracia ni en la voluntad popular; ganan con mentira, ganan con trucos y andan con falsedades”, aseguró.

Tapia, incluso, comparó la situación actual con el proceso electoral que llevó al poder a Pedro Castillo.

“Hace cinco años hubo indicios de fraude porque votaron los muertos; hoy no dejaron votar a los vivos. Cambiaron la estrategia, pero siempre con la misma finalidad”, sostuvo.

Actas observadas y disputa voto a voto

El suspenso se concentra en la cerrada disputa por el segundo lugar entre Roberto Sánchez Palomino y López Aliaga.

La diferencia entre ambos es mínima y depende del desenlace de miles de actas observadas e impugnadas, muchas provenientes de zonas rurales y del extranjero. Reuters reportó que alrededor del 6 % de las mesas quedó bajo revisión especial, lo que explica parte del retraso.

Para Tapia, estas actas son determinantes, no solo electoralmente, sino políticamente.

“A través de la impugnación de votos también se gana al contrincante”, advirtió.

Crisis estructural

El abogado también cuestionó el diseño institucional peruano, atribuyendo parte del caos a reformas políticas implementadas durante el gobierno de Martín Vizcarra.

“El régimen electoral aprobado dentro de gallos y medianoche debe ser cambiado porque no garantiza el derecho del ciudadano a elegir a sus gobernantes”, afirmó.

Según Tapia, el hecho de que 38 candidatos presidenciales participaran en la contienda evidencia una “inflación política” incompatible con un sistema funcional.

“El Tribunal Electoral está priorizando el cronograma antes que el derecho ciudadano a que se respete su voto”, sentenció.

¿Qué puede pasar ahora?

Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prevé proclamar resultados hacia mediados de mayo, el ambiente político permanece altamente tensionado.

Tapia considera que la presión social podría forzar una revisión mayor.

“Nadie confía en el resultado que se está dando parcialmente. Si todos coinciden en que hay dudas, entonces lo correcto sería anular el proceso y hacer las cosas bien”, concluyó.

Por ahora, Perú continúa atrapado entre la incertidumbre institucional, las acusaciones cruzadas y una ciudadanía que exige respuestas claras.

Lo que está en juego no es únicamente quién acompañará a Keiko Fujimori en segunda vuelta, sino la credibilidad misma del sistema democrático peruano.