Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de realizar operaciones directas en territorio mexicano para combatir a los carteles del narcotráfico, volvieron a encender el debate sobre la seguridad, la soberanía y el poder que han alcanzado las organizaciones criminales en México.
Trump aseguró que, si el gobierno mexicano no hace “el trabajo”, Estados Unidos podría actuar por cuenta propia para enfrentar a los grupos criminales. Sus palabras llegan en medio de una creciente presión contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y tras las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios del partido Morena señalados de presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa.
En entrevista con Contexto, el abogado, catedrático y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, sostuvo que las amenazas de Trump deben entenderse en el contexto del deterioro de la seguridad en México y de la presunta protección política que reciben los grupos criminales.
El abogado y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal aseguró que gran parte de los mexicanos respaldan acciones contundentes contra políticos presuntamente vinculados al narcotráfico. También advirtió que el verdadero problema no son solo los carteles, sino la protección política que reciben desde las instituciones.
“Hubo un cambio frente a los abrazos, no balazos”
Ortega reconoció que, tras la salida del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sí ha existido un cambio parcial en la estrategia de seguridad del gobierno mexicano.
“Pasamos de los abrazos y no balazos del presidente López Obrador a acciones efectivas que ha venido haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, afirmó.
El abogado destacó operativos recientes contra laboratorios clandestinos, detenciones de líderes criminales y el envío de decenas de capos a Estados Unidos. Sin embargo, aseguró que el gran vacío sigue siendo la falta de acciones contundentes contra funcionarios presuntamente ligados al narcotráfico.
“Donde se ha retrasado la política pública, y especialmente la presidenta Claudia Sheinbaum, es en tocar a los políticos que están coludidos con el narcotráfico”, señaló.
El avance territorial de los carteles
Durante la entrevista, Ortega advirtió que en varios estados mexicanos el crimen organizado ha logrado ejercer un control territorial que supera en ocasiones la capacidad de respuesta de las autoridades.
El analista hizo referencia a los episodios de violencia vividos recientemente en Jalisco tras operativos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde ciudades enteras quedaron paralizadas por bloqueos y ataques armados.
“La gente no solamente sufre la violencia del narcotráfico, sino también las extorsiones, los secuestros, el cobro de piso y otros delitos que se cometen con el apoyo o la corrupción de algunos gobernadores”, afirmó.
Según Ortega, este escenario ha provocado que muchos ciudadanos vean con buenos ojos una intervención más agresiva contra las estructuras criminales, incluso si esta viene desde Estados Unidos.
“Si el presidente Trump interviene y de repente se lleva a algunos de estos políticos, varios de los que vivimos en el país se lo vamos a agradecer”, aseguró.
Las acusaciones contra Morena y el caso Rocha Moya
Uno de los puntos más delicados de la tensión entre México y Estados Unidos son las acusaciones realizadas por fiscales estadounidenses contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios ligados al partido oficialista Morena.
Ortega sostuvo que el proceso impulsado desde Nueva York “está apegado a derecho” y consideró que México debería proceder con las detenciones provisionales mientras avanza el proceso de extradición.
“El procedimiento que ha iniciado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es correcto. Las pruebas se van a exhibir cuando haga la acusación formal”, explicó.
El abogado también aseguró que las declaraciones de figuras del narcotráfico detenidas en Estados Unidos podrían comprometer seriamente a funcionarios mexicanos.
“Evidentemente ellos van a hablar y van a ser testigos de cómo era la colaboración de las autoridades de Sinaloa con el cartel”, dijo.
Aunque reconoció que la mayoría de los señalados pertenecen a Morena, Ortega aclaró que la infiltración criminal no es exclusiva de un solo partido político.
“No son todos los de Morena y tampoco son los únicos. Hay políticos de otros partidos que también deberían ser investigados”, indicó.
¿Soberanía o seguridad?
Frente a las declaraciones de Sheinbaum sobre la defensa de la soberanía mexicana, Ortega aseguró que gran parte de la población prioriza hoy la seguridad sobre el discurso político.
“Todas las personas que están pagando piso y siendo extorsionadas van a agradecer enormemente que se actúe contra los políticos que protegen a los grupos criminales”, afirmó.
El abogado insistió en que mientras exista protección política a los carteles, cualquier operativo contra líderes criminales terminará siendo insuficiente, pues rápidamente serán reemplazados por otros mandos.
“Mientras haya protección política no va a servir de mucho lo que están haciendo, porque si detienen a alguno de los líderes, inmediatamente son sustituidos”, explicó.
Finalmente, Ortega concluyó que México enfrenta una oportunidad decisiva para recuperar la confianza institucional y combatir la penetración del narcotráfico en el poder político.
“Esto no es una lucha de partidos. Es una lucha para limpiar a México. Y cualquier político que tenga vínculos con el crimen organizado debe ser investigado y castigado”, sentenció.
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