En medio del choque entre las comunidades Misak y Nasa deja, se habla de instrumentalización y disputa territorial, crecen las alarmas por la presencia de armamento de largo alcance, pero también sobre la autonomía indígena y el papel de actores políticos.

A ocho días de unas elecciones presidenciales marcadas por tensión política y violencia, el Cauca vuelve a convertirse en epicentro de una crisis que hoy escala a niveles nunca antes vistos.

“Sí hay presencia de organizaciones delincuenciales y sí, a nuestra comunidad la están matando con armas de fuego”, denunció el gobernador Misak, el Tata Luis Eduardo Tunubalá Tunubalá, quien aseguró que varios de sus comuneros fueron asesinados con armamento de largo alcance en medio de los enfrentamientos con comunidades Nasa o Páez en Silvia, Cauca.

Las declaraciones del líder indígena coinciden con la preocupación expresada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien llegó a Popayán y afirmó que estas comunidades estarían siendo instrumentalizadas por actores externos, mientras mantienen una disputa histórica por el control territorial.

A la fecha, el saldo preliminar ya habla de al menos seis muertos, más de 100 heridos, 22 secuestrados y decenas de capturados que, posteriormente, fueron liberados por jurisdicción indígena. Se trata de un escenario que, además de violento, deja preguntas profundas sobre gobernabilidad, control territorial y autonomía jurídica.

🇨🇴 | Un enfrentamiento entre los Misak de la reserva de Guambía y los Nasa de la reserva de Pitayó en la región del Cauca, en Colombia, deja al menos 6 muertos y más de 100 heridos. pic.twitter.com/H1TyFQ6PkI

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 23, 2026

Disputa terminó desbordada

Según explicó Tunubalá, el origen de la confrontación se remonta a decisiones emitidas hace dos años por la Agencia Nacional de Tierras., ANT. “Estos territorios han sido nuestros milenariamente. Nunca el Gobierno los compró ni los entregó”, afirmó el gobernador Misak, quien insiste en que las tierras en disputa pertenecen ancestralmente a su comunidad. Sin embargo, el conflicto escaló hasta un punto inédito. “Tenemos la pérdida de 10 seres humanos de nuestro territorio Misak, más de 85 heridos, 22 secuestrados y cinco desaparecidos”, aseguró.

Para el líder indígena, detrás de la violencia sí existiría participación de estructuras armadas ilegales. “Asesinan a nuestras autoridades con ráfagas y armas de largo alcance”, insistió, agregando que, incluso, hubo respuesta armada contra la Fuerza Pública cuando esta intentó ingresar por vía aérea a la zona.

La gravedad del asunto aumenta por un elemento clave: la autonomía jurídica indígena. En Colombia, las comunidades indígenas cuentan con Jurisdicción Especial Indígena, lo que les permite administrar justicia bajo sus propias normas y autoridades tradicionales dentro de sus territorios ancestrales.

Eso significa que buena parte de los procedimientos, capturas y sanciones quedan bajo control de las propias comunidades, limitando la intervención directa de la justicia ordinaria. Aunque este derecho está protegido constitucionalmente, el actual escenario abre un debate sobre coordinación institucional en medio de una confrontación armada.

El trasfondo político

Otro elemento que elevó la tensión fueron las declaraciones del gobernador Misak sobre el CRIC y la candidata vicepresidencial Aída Quilcué, quien hace parte de ese movimiento indígena, y quien, a la fecha, poco o nada ha podido hacer por intermediar en esta grave situación. Tunubalá aseguró que históricamente el pueblo Misak no ha compartido “la filosofía” del CRIC y lanzó una delicada acusación: “La filosofía del CRIC es armamentista”. Incluso, pidió al Gobierno revisar el apoyo entregado a algunas guardias indígenas. “No sigan financiando para que ellos se sigan armando y atacando a nuestros mismos hermanos indígenas”, expresó.

Mientras tanto, las comunidades esperan una reunión el próximo lunes 25 de mayo con el presidente Gustavo Petro para intentar frenar una confrontación que ya desbordó cualquier antecedente reciente entre pueblos indígenas en Colombia.

Porque más allá de la disputa territorial, el episodio deja una inquietud política inevitable: en medio de una campaña presidencial polarizada, una de las candidatas vicepresidenciales más visibles del país aparece señalada indirectamente dentro de un conflicto que hoy enluta al Cauca y evidencia el profundo abandono estatal en una de las regiones más golpeadas por la violencia.