La decisión del Gobierno Petro de no renovar la concesión vial y frenar el megaproyecto Conexión Centro propició un choque entre el modelo estatal y el privado, mientras crecen las advertencias por posibles impactos en empleo, mantenimiento y financiación de una de las carreteras más importantes del país.

Es curioso lo contradictorio que resulta, en muchos casos como este, la postura del Gobierno nacional. Por un lado, apela constantemente a las banderas de la justicia social como argumento político; sin embargo, decisiones como la que hoy rodea a Autopistas del Café terminan alimentando otra discusión: si existe algo cercano a la justicia social, es precisamente el desarrollo equilibrado que llega a las regiones mediante obras de infraestructura bien ejecutadas, especialmente las viales.

La polémica gira alrededor del futuro de la concesión que actualmente administra el corredor Armenia–Pereira–Manizales, operado por Odinsa, empresa del Grupo Argos. Y es que de este contrato que vence en febrero de 2027 el Gobierno ya confirmó que no será renovado.

Ahí comenzó el choque

El presidente Gustavo Petro insiste en que la vía debe dejar de operar bajo el esquema privado y pasar a ser manejada directamente por el Estado a través de la ANI. “La continuación de las autopistas del café será tomada como obra pública”, aseguró recientemente el mandatario, reiterando, además, que “no habrá más peajes en el corazón de Colombia”.

Y la candela tomó más fuerza luego de que la ANI rechazara el megaproyecto Conexión Centro, iniciativa con la que Odinsa buscaba invertir cerca de $7 billones para continuar y ampliar el corredor vial después de 2027.

Procuraduría prende las alarmas

La controversia escaló el pasado martes después de que la Procuraduría General de la Nación enviara un exhorto formal al Ministerio de Transporte y a la ANI solicitando explicaciones sobre una eventual terminación anticipada de la concesión y los riesgos financieros, jurídicos y operativos que podría generar esa decisión.

En el documento, de 16 páginas, el ente de control pidió “indicar de manera expresa, puntual, clara y sin ambigüedades si existe alguna decisión administrativa, técnica o contractual dirigida a modificar el contrato o su terminación anticipada”. Además, solicitó explicar “cuáles serían los impactos fiscales y presupuestales derivados de una eventual terminación anticipada, así como sobre las economías locales, el turismo, el transporte regional, la conectividad y las comunidades asentadas en el corredor vial”.

El ente de control también advirtió sobre la necesidad de garantizar “la continuidad en la prestación del servicio, el adecuado mantenimiento de la infraestructura y la seguridad vial durante el periodo de transición contractual”.
El debate no es menor. Sectores económicos alertan que desmontar peajes sin un modelo financiero definido podría afectar el mantenimiento de la carretera y frenar futuras inversiones. Odinsa incluso advirtió que podrían perderse cerca de 50.000 empleos asociados directa e indirectamente al proyecto.

Ojooooo que el Gobierno de @petrogustavo acaba de rechazar el megaproyecto Conexión Centro que buscaba invertir $7 billones en el Eje Cafetero y reemplazar a Autopistas del Café... una polémica decisión a 5 días de las elecciones pic.twitter.com/ykMpOpigk8

— Sebastián Londoño V. (@SLondonoV) May 26, 2026

Peajes, elecciones y disputa ideológica

Y es que como era de esperarse, el futuro de Autopistas del Café ya se convirtió también en tema de campaña presidencial, porque, por supuesto, los tres principales candidatos tienen posturas definidas y bien distantes frente al tema de infraestructura vial.

El candidato Iván Cepeda respalda la tesis del Gobierno y defiende que el Estado asuma directamente la infraestructura vial. Por el contrario, Paloma Valencia sostiene que desmontar el modelo de concesiones privadas pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las carreteras. Mientras tanto, Abelardo de la Espriella ha criticado lo que considera un manejo populista del debate, asegurando que eliminar peajes sin recursos alternativos podría terminar deteriorando el corredor vial.

Y justamente ahí aparece una de las mayores preocupaciones: cuando se suspenden cobros sin una fuente clara de financiación, los mantenimientos dejan de ejecutarse y las obras terminan frenándose. El antecedente más cercano fue la suspensión temporal de peajes decretada por el Gobierno en diferentes corredores del país que no dejó otra cosa que caos y confusión.

La gran incógnita, ahora, es qué tan firme está realmente la decisión oficial, porque, aunque el Gobierno ya anunció el cambio de modelo, la advertencia de la Procuraduría deja abierta una pregunta inevitable: si ya hay decisiones tomadas ¿para qué pedir explicaciones y advertir sobre riesgos jurídicos, fiscales y técnicos?

El temor en el Eje Cafetero crece porque lo que está en juego no es solamente una concesión, sino el futuro de una de las arterias viales más importantes del país.