La líder opositora denuncia violación a su derecho de petición y a la oposición política en medio de escándalo por presunto uso irregular de aeronaves oficiales. Su decisión se sustenta en el reiterado silencio institucional frente a una solicitud formal de información sobre los vuelos realizados por Juliana Andrea Guerrero Jiménez, actual jefa de gabinete del Ministerio del Interior.

En un nuevo y contundente pronunciamiento, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció la interposición de una acción de tutela contra el Departamento Administrativo de la Presidencia y el Ministerio del Interior por, según ella, haber vulnerado dos pilares fundamentales de la democracia: el derecho de petición y el derecho a la oposición e independencia política.

La decisión de Cabal se sustenta en el reiterado silencio institucional frente a una solicitud formal de información radicada el pasado 15 de julio de 2025, mediante la cual exigía explicaciones claras sobre los vuelos realizados por Juliana Andrea Guerrero Jiménez, actual jefa de gabinete del Ministerio del Interior, quien aparece en el centro de un escándalo nacional por el presunto uso indebido de aeronaves oficiales para actividades no oficiales.

“La violación de estos derechos no solo es un atropello contra mi función como senadora de la República, sino contra todos los colombianos que exigen transparencia en el uso de los recursos públicos”, afirmó la líder opositora a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

La solicitud —que ha sido ignorada por las entidades implicadas por más de 15 días hábiles, en abierta contravía de lo que estipulan la Ley 5 de 1992 y la Ley 1909 de 2019— exigía explicaciones detalladas sobre los vuelos que realizó Guerrero, quien es una funcionaria cercana al ministro Armando Benedetti, en medio de graves denuncias que apuntan a la utilización de aviones y helicópteros de la Policía Nacional con fines personales.

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Viajes al Festival Vallenato, vuelos sin justificación y silencio institucional

Las acusaciones no son menores. El periodista Jacobo Solano reveló que Juliana Guerrero habría utilizado aeronaves oficiales para asistir al Festival Vallenato en Valledupar a finales de abril de 2025, acompañada de su hermana Verónica Guerrero. Las actividades realizadas durante el evento —ajenas a cualquier agenda institucional— ponen en tela de juicio el uso que esta joven funcionaria le estaría dando a los bienes del Estado.

Pero lo más escandaloso es lo sucedido en junio. Según la denuncia ciudadana radicada bajo el número 2025ER0150249, Guerrero habría viajado el 19 y 20 de junio a Valledupar y Aguachica en un avión y un helicóptero de la Policía Nacional, sin que exista justificación oficial ni misión institucional que respalde dichos desplazamientos.

Ante la magnitud de la denuncia, la Contraloría General de la República ya inició una investigación preliminar para esclarecer si se trató de un uso indebido de recursos públicos, una situación que, de confirmarse, podría derivar en sanciones disciplinarias, fiscales e incluso penales.

Sin embargo, mientras los organismos de control avanzan con pasos lentos, el Ministerio del Interior y la Presidencia han optado por el mutismo. Ninguna de las dos entidades ha respondido formalmente a los requerimientos de Cabal, lo que constituye —según la senadora— un incumplimiento flagrante de la ley y una estrategia para ocultar actos de corrupción dentro del Gobierno.

Un gobierno que evade, protege y silencia

Para Cabal, lo que está ocurriendo va más allá de un caso aislado de desvío de recursos. “Estamos frente a un gobierno que evade la verdad, protege a sus alfiles políticos y silencia a quienes hacemos oposición. Este es un modelo sistemático de impunidad disfrazado de ‘transformación’”, advirtió.

La acción de tutela interpuesta busca no solo que se obligue a las instituciones a entregar la información requerida, sino que también se reconozca judicialmente la transgresión al derecho que tiene la oposición a ejercer control político real, transparente y con garantías.

“Esto no es simplemente un derecho mío como senadora. Es el derecho de todos los colombianos a saber en qué se están gastando sus impuestos, quiénes abusan del poder y qué está haciendo el Estado para impedirlo”, puntualizó.

¿Quién responde por el abuso de poder?

El silencio del ministro Armando Benedetti ante el escándalo de su jefa de gabinete resulta elocuente. Mientras la ciudadanía exige respuestas y la oposición demanda claridad, el alto funcionario permanece en las sombras, sin ofrecer explicaciones ni asumir responsabilidades.

No se trata de una funcionaria de segundo nivel: Juliana Guerrero ocupa una posición clave dentro del Ministerio del Interior. Si usó recursos públicos para actividades privadas, debe responder, y quienes encubren estas conductas deben asumir las consecuencias políticas y legales.

El país asiste, una vez más, al espectáculo de una burocracia dorada que viaja en helicópteros de la Policía mientras millones de colombianos enfrentan crisis de seguridad, desempleo y falta de oportunidades. Y cuando alguien alza la voz —como lo hace Cabal—, la respuesta del Gobierno es el silencio.

En medio del escándalo, la senadora insiste en que no dará un paso atrás. “No me van a callar con evasivas ni con trabas burocráticas. Vamos a llegar hasta el final para demostrar que en Colombia aún hay quienes no temen enfrentar la corrupción, venga de donde venga”.