La Fiscalía imputó cargos a estas personas por su presunta participación en una red de desvío de regalías que comprometería cerca de $496.000 millones. Ninguno aceptó los cargos y el proceso avanza hacia la audiencia de medida de aseguramiento.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a nueve personas por su presunta vinculación con una red de corrupción que habría operado a través de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca).

Los señalados enfrentan delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y omisión, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Ninguno aceptó los cargos, lo que marca un punto de partida en el proceso judicial.

La audiencia de medida de aseguramiento fue fijada para el próximo martes 5 de mayo a las 7:30 de la mañana, en la que se definirá la situación jurídica de los implicados. Entre los imputados figuran Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola, Luis Soto Caraballo y Gustavo Bolaño Pastrana, este último, ausente en audiencias previas por razones de salud.

Así operaba la red

De acuerdo con la investigación, Aremca venía siendo objeto de advertencias por parte de la Contraloría y el Departamento Nacional de Planeación debido a presuntas irregularidades en la contratación con recursos públicos.

Estas alertas derivaron en el operativo del pasado 15 de abril que permitió la captura de los hoy imputados.

Según la Fiscalía, la red habría direccionado contratos financiados con regalías hacia intereses particulares, utilizando figuras legales como los esquemas asociativos de municipios.

“Se trató de una estructura que, al parecer, aprovechó mecanismos administrativos para canalizar recursos públicos hacia fines distintos a los previstos”, señaló el ente acusador durante la audiencia. El alcance de estas maniobras sigue bajo análisis dentro del proceso penal.

Alcance del caso

La Fiscalía estima que el presunto desvío de recursos podría ascender a cerca de $496.000 millones, impactando al menos 101 proyectos en departamentos como Arauca, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Santander.

“La magnitud de los hechos y la posible afectación a múltiples regiones del país obligan a un análisis detallado de cada contrato y cada decisión adoptada”, aseguró la Fiscalía, al tiempo que reiteró que el proceso apenas inicia su fase judicial.

Mientras tanto, la audiencia del próximo 5 de mayo será determinante para definir si los señalados enfrentan medidas restrictivas de la libertad.