El jefe de las Farc, Alexander Díaz Mendoza, no se presentó a la audiencia por graves delitos relacionados con homicidios, atentados y uso de métodos de guerra ilícitos. La diligencia fue aplazada para el próximo 28 de mayo, mientras crecen las críticas contra el Gobierno Petro por mantener suspendidas las órdenes de captura del cabecilla.

Alias ‘Calarcá’ volvió a quedar en el centro de la polémica judicial y política del país. El cabecilla de las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) no compareció a la audiencia de imputación de cargos programada por la Fiscalía General de la Nación en Villavicencio, Meta, obligando a la juez del caso a reprogramar la diligencia para el próximo jueves 28 de mayo.

La ausencia del jefe guerrillero y de su abogado defensor despertó nuevas críticas sobre los beneficios judiciales que conserva bajo el paraguas de la política de “Paz Total” del Gobierno de Gustavo Petro.

La Fiscalía busca imputarle delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio en persona protegida y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, especialmente por el uso de minas antipersona.

Beneficios en medio de la guerra

Mientras el proceso judicial avanza lentamente, las estructuras armadas de alias ‘Calarcá’ continúan siendo señaladas de ejecutar atentados contra la Fuerza Pública y de mantener presiones sobre comunidades rurales en varias regiones del país.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en Guaviare, donde integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño instalaron explosivos contra tropas del Ejército en la vereda Buenos Aires, jurisdicción de San José del Guaviare.

El atentado dejó cuatro soldados muertos y tres más heridos.

Según el Ejército, los uniformados “fueron atacados con dispositivos explosivos improvisados instalados en la zona”.

Las víctimas fueron identificadas como los soldados profesionales Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia, Francisco Javier Bello Arteaga, Anderson Gasca Álvarez y Émerson Danilo Carantón Buitrago.

No se trata de un hecho aislado. El 27 de abril de 2025, hombres de la misma estructura emboscaron un pelotón militar en Guanapalo, también en Guaviare, donde asesinaron a siete uniformados y dejaron a seis heridos.

A esto se suman ataques como el ocurrido en Amalfi, Antioquia, donde una trampa explosiva destruyó un helicóptero Black Hawk y causó la muerte de 13 integrantes de la Policía Antinarcóticos.

Pese a estos antecedentes, alias ‘Calarcá’ mantiene suspendidas las órdenes de captura gracias a su condición de negociador en los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ya había advertido que existen suficientes elementos para reconsiderar esos beneficios judiciales.

La funcionaria, incluso, envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando revisar la permanencia del cabecilla en la mesa de conversaciones, aunque hasta ahora no se conoce una respuesta oficial.

Presiones y amenazas

A las acciones armadas se suma ahora un nuevo escándalo político. Un audio revelado por Noticias RCN evidenciaría presiones de integrantes de las disidencias de ‘Calarcá’ sobre comunidades rurales de Guaviare, Meta y Caquetá para respaldar políticamente al senador Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico.

En la grabación, uno de los hombres armados afirma: “Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda, porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”.

De acuerdo con el informe conocido por el medio, las comunidades estarían siendo obligadas a portar un carné y amenazadas con cobros de hasta 200.000 pesos o incluso con la pérdida de tierras si no obedecen las directrices del grupo ilegal.

Las denuncias aumentan los cuestionamientos sobre el verdadero alcance de los acuerdos con las disidencias y el estatus político que hoy mantiene alias ‘Calarcá’, mientras continúan las operaciones criminales, los atentados y las denuncias de extorsión en distintas regiones del país.

Proceso sigue en veremos

La nueva audiencia quedó programada para el 28 de mayo a las 9:00 de la mañana. Sin embargo, el nuevo aplazamiento deja en evidencia las dificultades de la justicia para avanzar contra uno de los principales jefes disidentes del país.

Sectores políticos y autoridades regionales han advertido que mientras las órdenes de captura sigan suspendidas, el proceso podría terminar siendo simplemente “un saludo a la bandera”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó recientemente que las autoridades puedan imputar cargos mientras el cabecilla sigue protegido por las medidas derivadas de la negociación.

“¿Qué ganamos con la imputación si el día de mañana el Ejército o la Policía se lo vuelve a encontrar y lo tiene que soltar?”, reclamó el mandatario.

Por ahora, alias ‘Calarcá’ continúa en libertad, en medio de negociaciones con el Gobierno, mientras las investigaciones por homicidios, atentados y presuntas presiones electorales siguen acumulándose en su contra.