Las revelaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios y disidencias de las FARC preocupan al país y alertan especialmente al sector rural. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal advierte que el caso podría agravar la inseguridad que ya afecta a productores y ganaderos.
Colombia enfrenta un nuevo escándalo que mezcla infiltración estatal, inteligencia comprometida y estructuras armadas. Noticias Caracol reveló chats, audios y reportes internos que mostrarían una presunta filtración de información sensible de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) a disidencias comandadas por alias “Calarcá”.
Entre los señalados están el general (r) Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, director de operaciones de la DNI. El presidente del Senado, Lidio García, calificó el hecho como “uno de los más graves para la seguridad nacional en años”. Pero mientras las repercusiones se discuten en Bogotá, su impacto más severo recae sobre el campo colombiano.
¿Por qué este caso afecta al agro?
Las disidencias mantienen presencia en zonas rurales donde operan ganaderos, transportadores, vacunadores y brigadas sanitarias. Una infiltración que les entregue información privilegiada fortalece su control territorial y debilita la capacidad del Estado para proteger a los productores.
Cuando los grupos ilegales ganan ventaja, aumentan la extorsión, los cobros de “vacunas” y las restricciones al trabajo en finca. El reciente ataque a un vacunador en La Guajira demostró la vulnerabilidad de los equipos técnicos. Además, corredores infiltrados ponen en riesgo la vigilancia contra fiebre aftosa, afectan la movilidad del ganado y deterioran la confianza de los mercados internacionales.
Voces políticas
La senadora y precandidata María Fernanda Cabal presentó una denuncia por presunta financiación ilegal de campaña, concierto para delinquir y traición a la patria. Asegura que el escándalo “deja al agro indefenso” y que los territorios productivos no pueden quedar a merced de estructuras criminales.
Para el sector ganadero, el caso Calarcá es más que un choque político: es una alerta directa a su seguridad, su sanidad y su futuro exportador.



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