Las recientes amenazas contra los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, denunciadas en redes sociales, reavivaron la preocupación por la seguridad en el proceso electoral. El Gobierno respondió con intención de garantizar la protección, mientras líderes políticos condenan los hechos en un contexto marcado por antecedentes de violencia..

La campaña presidencial en Colombia enfrenta un nuevo episodio de tensión tras conocerse amenazas contra dos figuras políticas.

Todo comenzó cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció públicamente intimidaciones contra la candidata Paloma Valencia. Según la denuncia, difundida en redes sociales, la amenaza consistía en una imagen de carácter fúnebre con el mensaje: “Paloma Valencia descanse en paz”, acompañada de simbología mortuoria, lo que generó una ola de rechazo nacional.

Horas después, el senador Mauricio Gómez Amín alertó sobre una situación similar contra el candidato Abelardo de la Espriella. En este caso, la amenaza replicaba el mismo formato, con una imagen fúnebre y el nombre del aspirante, lo que no sería una simple coincidencia.

“Debo empezar con un rechazo del alma a esa amenaza que apareció en las redes sociales contra Paloma Valencia”.

Desde La Unión, Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe rechaza contundentemente las amenazas contra Paloma Valencia y la oposición. pic.twitter.com/x6CTsvkcuL

— Centro Democrático (@CeDemocratico) April 12, 2026

Rechazo y preocupación generalizada

Ambos candidatos se pronunciaron rechazando de manera contundente cualquier acto de intimidación.
En el caso de Paloma Valencia, su equipo denunció que no solo recibió amenazas, sino también actos vandálicos contra su sede de campaña, lo que incrementa la gravedad del contexto.

Por su parte, la amenaza contra Abelardo de la Espriella, difundida desde el mismo entorno digital, fue interpretada como un mensaje directo en medio de la contienda electoral, elevando la preocupación por la seguridad de los aspirantes. Desde distintos sectores políticos los hechos fueron condenados, exigiendo garantías para el ejercicio democrático.

Urgente 🇨🇴

Desde aquí condenamos está amenaza en contra de nuestra Candidata Paloma Valencia, esto es Gravísimo

Nunca más !
Se vale pensar distinto pic.twitter.com/9UYCVs8lFj

— Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) April 12, 2026

El Gobierno responde

Ante la gravedad de las denuncias, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno ha dispuesto medidas de protección para todos los candidatos.

En un pronunciamiento oficial, Benedetti afirmó: “Desde el Gobierno Nacional hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos”. Además, el funcionario explicó que los aspirantes presidenciales cuentan con esquemas de seguridad coordinados por la Unidad Nacional de Protección, incluyendo vehículos blindados, personal armado y acompañamiento de la Fuerza Pública.

El Gobierno también anunció el refuerzo de las medidas de protección para Paloma Valencia tras las amenazas y actos vandálicos reportados.

Un contexto electoral marcado por la violencia

Inevitable no recordar que la historia política reciente de Colombia ha estado marcada por episodios de violencia contra líderes y candidatos, lo que hace que cada nueva amenaza genere especial preocupación.

Uno de los hechos más recientes y lamentables ha sido el atentado contra Miguel Uribe Turbay, que reavivó el debate sobre las garantías para quienes participan en la vida política del país. La reiteración de amenazas, ahora contra Valencia y De la Espriella, refuerza la percepción de riesgo en medio de una campaña altamente polarizada.

Redes sociales: escenario de intimidación

Un elemento común en ambos casos ha sido el uso de redes sociales como canal para difundir las amenazas, misma que, en esta ocasión, con estética fúnebre, replicadas con distintos nombres, evidencian cómo estos espacios digitales se han convertido en espacios idóneos para la intimidación política.

Este fenómeno plantea nuevos retos para las autoridades, que deben actuar no solo en el ámbito físico, sino también en el entorno digital, donde la viralidad amplifica el impacto de estos mensajes y donde el espectro dificulta la identificación de los responsables. Mientras el Gobierno insiste en que existen garantías de seguridad, los recientes hechos evidencian que el país sigue enfrentando desafíos estructurales en la protección de sus líderes políticos.