El alto tribunal confirmó que el acuerdo entre la Fiscalía y el exdirector de la Ungrd no está en firme, al encontrar errores en el cálculo de la pena y una multa que no reflejaba la gravedad de los hechos investigados.

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó el pasado martes la decisión de primera instancia que rechazó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), figura clave en el escándalo de corrupción más grande del gobierno de Gustavo Petro, el cual involucra carrotanques en La Guajira. La determinación deja sin efecto un beneficio que reducía su condena en un 40% y fijaba una multa cercana a los 724 millones de pesos.

La magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano anunció que la Sala Penal ratificó lo decidido por el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, señalando que el acuerdo presentaba inconsistencias jurídicas que impedían su aprobación. La decisión es definitiva, pues contra ella no proceden recursos.

Fallas en el acuerdo

El tribunal concluyó que el preacuerdo contenía errores sustanciales tanto en la tasación de la pena como en la multa. Según explicó la magistrada, la Fiscalía no incluyó todos los delitos atribuidos a López al momento de calcular la sanción.

“Aunque existen tres peculados, uno en favor propio y dos en favor de terceros por sumas considerablemente superiores, el preacuerdo solo contempla un aumento mínimo por uno de ellos, dejando sin tratamiento penal otro evento claramente identificado”, señaló la togada en la audiencia.

Además, se evidenció que la multa fue calculada con base en el salario mínimo de 2025, pese a que los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024, lo que distorsionó su valor real. También se omitió la suma total de las sanciones correspondientes a cada conducta punible, como lo exige la ley.

“La negociación sometida al examen de esta corporación es ilegal, por lo que habrá de confirmarse la decisión en el sentido de improbar el acuerdo”, afirmó la magistrada, al dejar claro que el beneficio otorgado no se ajustaba a derecho.

Carta de López

Horas antes de conocerse la decisión, Olmedo López reiteró su disposición a colaborar con la justicia mediante una carta leída en audiencia por su abogado. En el documento, el exfuncionario insistió en que su compromiso no depende del resultado judicial.

“Sin importar si se aprueba o no el preacuerdo, mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás”, dijo López, quien también agregó que continuará entregando información relevante sobre el entramado de corrupción.

El exdirector de la UNGRD aseguró que sus afirmaciones han sido consistentes, incluso en medio de presiones externas. “Mis declaraciones son veraces y han sido respaldadas por pruebas y por otros testimonios que coinciden con lo que he venido revelando”, indicó.

Impacto del caso

La caída del preacuerdo representa un giro clave en uno de los escándalos más sensibles del país en los últimos años. López es considerado un testigo central en las investigaciones que involucran a funcionarios, congresistas y contratistas en el desvío de recursos destinados a atender emergencias en La Guajira.

El tribunal dejó claro que cualquier beneficio judicial debe cumplir estrictamente con los parámetros legales, especialmente en casos de alto impacto como este. La decisión refuerza el mensaje de que no habrá concesiones indebidas en procesos relacionados con corrupción pública.

Mientras avanza el proceso, la Fiscalía deberá replantear su estrategia frente a López, cuya colaboración sigue siendo considerada clave para esclarecer los alcances de la red de irregularidades dentro de la UNGRD.