Colombia amplía el alcance de la justicia militar con polémica ley

Justo en medio de un proceso de paz con la guerrilla comunista Farc, que busca terminar con el conflicto armado interno de casi medio siglo, Colombia aprobó una polémica ley que amplía el alcance de la justicia castrense a casi todos los delitos cometidos por militares.

La ley del fuero penal militar, impulsada por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, fue aprobada en el Congreso por una amplísima mayoría la noche del lunes. La norma requirió previamente de una reforma constitucional, cumplida en 2012. (Lea: El fuero y las dudas de la comisión)

Con esta nueva ley se extienden las competencias de los tribunales castrenses para juzgar a los militares, que solo podrán ser sometidos a la justicia ordinaria en los casos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Todas las demás infracciones al derecho internacional humanitario que se cometan en el marco del conflicto armado pasarán a la jurisdicción militar.

La norma, que para aplicarse aún debe superar la evaluación de la Corte Constitucional, ha sido muy criticada por organismos humanitarios, entre estos la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que temen que promueva la impunidad.

CONtexto ganadero habló con Alfredo Rangel, director del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, quien desestimó los alcances de la nueva Ley en su intento por erigir una verdadera Justicia Militar. (Entrevista: “Este proceso de paz está condenado al fracaso”: Alfredo Rangel)

“Aunque mejora algunos aspectos, en la medida en que moderniza y hace más eficaz su funcionamiento, simultáneamente, recorta de manera inaudita, el alcance del Fuero Penal Militar”, afirma.

El reconocido analista considera que la reglamentación del Fuero Penal Militar responde más al escenario para un “país en paz”, que a las necesidades y retos que impone la guerra indiscriminada que vive Colombia.

“Mientras que en todos los países del mundo la Jurisdicción Militar es amplia y garantista de los derechos procesales de los militares, aquí quedó reducida a la deserción, el delito del centinela o el irrespeto a un superior”, apuntó Rangel quien explicó que en un reciente estudio que realizó el centro que dirige, sobre el alcance del Fuero Militar en 17 países del mundo, pudo advertir que incluso las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en combate, quedan bajo la jurisdicción de la Justicia Militar.

Otras voces opinan sobre el tema

"La diferencia radica en que con la legislación anterior todos los delitos cometidos por los militares en el marco del conflicto armado eran susceptibles de ir a la justicia ordinaria, dependiendo de la investigación. Ahora solo los claramente especificados serán competencia de los tribunales civiles", explicó a la

AFP Fernando Giraldo, politólogo experto en el conflicto armado.

"Hay una serie de delitos vinculados al conflicto armado que quedan excluidos de la justicia civil: desobediencia, saqueo, robo, tráfico de influencias u ocultamiento de información para incidir en una investigación", enumeró Giraldo.

Ejecuciones sumarias

Uno de los puntos más cuestionados es la suerte que correrá la investigación de casi 1.300 ejecuciones sumarias de civiles cometidas por militares, casos conocidos en Colombia como "falsos positivos", pese a que el delito quedó definido como una competencia de los tribunales ordinarios.

Esos casos, en los que civiles eran asesinados y presentados luego como guerrilleros muertos en combate, incluso vistiéndoles con ropa militar y colocándoles armas, fueron descubiertos a fines de los años 2000 y constituyen actualmente cerca del 60% de las investigaciones judiciales a militares.

Según la ONU, estos crímenes en muchos casos respondían a una intención de "inflar estadísticas" en la lucha contra la guerrilla.

"La ley entra en una ambigüedad sobre qué es una ejecución extrajudicial", dijo a la AFP Javier Ciurlizza, director para América Latina y el Caribe de la fundación de prevención de conflictos International Crisis Group. (Lea: Aprobada la reforma al fuero militar en Colombia)

"El problema es que en el código penal colombiano no existe la tipificación de ejecución extrajudicial, ni tampoco se señala que esos casos serán competencia de la justicia civil", explicó Ciurlizza.

"Lo que hay hasta ahora en el código penal es el delito de homicidio o de homicidio en persona protegida, y según Human Rights Watch este año dos casos de 'falsos positivos' fueron remitidos a tribunales militares debido a esa indefinición", añadió.

Fortalecimiento de la justicia militar en medio del proceso de paz

Para el parlamentario Libardo Taborda, del oficialista partido de La U (derecha), la ley del fuero penal militar "tiene que hacer parte integral del proceso de paz" que desde 2012 lleva adelante el gobierno de Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)

"El marco jurídico para la paz también fue cuestionado por muchos, y entre todos lo sacamos", dijo Taborda durante la sesión parlamentaria final, en alusión a una reforma constitucional aprobada el año pasado que permitiría la suspensión en la ejecución de penas a los guerrilleros que se desmovilicen, así como optar a cargos de elección popular. (Lea: “La paz con impunidad no es sostenible”: Procurador Ordoñez)

Para Giraldo la ley responde a la intención de "proteger a futuro a los militares, que no ocurra que la guerrilla esté protegida y los militares no".

"En la búsqueda de la paz los colombianos tenemos que saber perdonar a todo el mundo. Pero los militares son el Estado, y los colombianos tienen pactos con el Estado, no con la guerrilla. Uno espera que los funcionarios públicos respondan por sus desafueros", dijo.

Sin embargo, Ciurlizza piensa que será "muy difícil que una reforma como ésta tenga un impacto sobre el proceso de paz", que Santos se ha propuesto concluir a fines de este año.

"Por los requisitos que plantea una ley de ese rango, que exige el aval de la Corte Constitucional, no pienso que pueda aplicarse antes de un año o año y medio", dijo. (Columna: Se cierra ominoso capítulo)

Este experto considera que la normativa "es una señal del poder Ejecutivo hacia la Fuerza Armada, un mensaje de que toma en cuenta sus preocupaciones", indicó.

En esa línea, el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien acudió a los debates parlamentarios, se congratuló con la aprobación de la ley al considerar "que se le ha dado un mensaje de respaldo, de reconocimiento a nuestros soldados y policías".

El conflicto armado colombiano, en el que han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, bandas narcotraficantes y agentes de la fuerza pública ha dejado a lo largo de los últimos 50 años unos 600 mil muertos y más de 3,7 millones de desplazados por la violencia.

La fuerza pública de Colombia está compuesta por unos 45 mil militares y policías.