Conozca el proyecto de ley sobre uso y porte de armas

Ante la vulnerabilidad de que son víctimas los ciudadanos por la inseguridad que se registra en el país, se presentó en el Senado una iniciativa que busca proteger a los ciudadanos con leyes que habiliten el uso y porte de armas, pero con registros ante el Estado de tal manera que permita su trazabilidad.

La senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Christian Garcés,radicaron el pasado martes un proyecto de ley que busca, por una parte, devolverle al ciudadano el porte legal de armas –que hoy está restringido a un pequeño conjunto de personas–, y regularlo; y, por otra parte, fortalecer el monopolio del Estado sobre las armas.

Explican los autores del proyecto que el artículo 223 de la Constitución Política, determinó que “sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente”.

Pero que, sin embargo, en virtud de las facultades extraordinarias conferidas por el legislativo a través de la Ley 61 de 1993, el gobierno de la época expidió el Decreto 2523 de 1993 a través del cual estableció el régimen de propiedad, porte, tenencia de las armas en Colombia.

Por esta vía muchos ciudadanos que reunían determinadas condiciones de seguridad procedieron a obtener los respectivos salvoconductos.

La suspensión de los permisos

En 2015 la Administración Santos expidió una nueva normativa –el Decreto 2515 de 2015–, mediante el cual ordenó la suspensión general de los permisos de porte en Colombia.

Esta situación afectó a todas las personas titulares de los salvoconductos, que después de tramitarlos no podrían emplearlos a causa del plan de desarme promovido desde el Gobierno Nacional.

La suspensión general tendría como principal propósito –según los decretos expedidos con posterioridad–, mantener y preservar el conjunto de condiciones de seguridad y tranquilidad que permiten la prosperidad general.

Sin embargo, esta razón desconocería la inseguridad que enfrentan algunos colombianos que cuentan con condiciones especiales de inseguridad tanto en zonas urbanas como rurales exponiéndolos totalmente al crimen que los acechaba, a pesar de haber acreditado las condiciones especiales de seguridad, haberse encontrado justificada la necesidad de portar un arma para su defensa e integridad personal y haber logrado hacerse titular del permiso de porte.

Los congresistas que presentaron el proyecto de ley argumentan que, si el motivo que justifica la suspensión general es “salvaguardar” la seguridad de los ciudadanos, esto constituiría una contradicción, toda vez que desprotege a los titulares de los salvoconductos, bajo el entendido que estas personas lo adquieren con el objetivo de garantizar su seguridad personal.

Indican que, según las cifras de la Policía Nacional, en 2020 murieron en Colombia 12.018 personas por homicidio, esto es casi 33 personas diarias; hubo 95.636 casos reportados de hurto a personas; 11.776 casos reportados de hurto al comercio, 2.860 casos reportados de hurto de vehículos; 8.628 casos reportados de hurto de motocicletas, todos empleando algún tipo de arma de fuego ilegal.

En síntesis, la propuesta consiste en que en adelante el Gobierno no suspenda el porte masivamente, sino que se recupere el acceso que ya se tenía al porte legal, con los debidos requerimientos, y se consideren los casos de riesgo de manera individual”.

La senadora Cabal explicó en el programa de Vicky Dávila, que “el arma legítima, el arma legal, no solo me garantiza el derecho a la vida, lo que no me garantiza una cauchera o un cortaúñas, y me garantiza a mí que estoy en igualdad de condiciones ante un bandido. Un bandido que sabe que si la población está armada no se atreve a hacer lo que hace hoy en día, que es matar a una enfermera por robarle una bicicleta o a un mensajero por robarle a un celular”.

Aseguró que este debate debe darse en torno al derecho a la legítima defensa que existió en Colombia, que lo terminó la administración de Juan Manuel Santos y lo extendió este Gobierno. (Lea: Desarmar la gente la convierte en blanco más fácil para delincuentes)

Consulte el texto completo del proyecto de ley en el siguiente enlace

Consulte la exposición de motivos aquí