/ "CONtexto Ganadero")
/)
Tres nuevos hechos reconfiguran el escándalo: la nulidad de recursos para Uribia, la negativa de libertad a Iván Name y Andrés Calle, y la sanción a la empresa Luket. Un entramado que sigue dejando al descubierto la fragilidad institucional frente al desvío de dineros públicos.
Si el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fuera un sancocho colombiano, tendría todos los ingredientes: políticos, contratistas, millonarios recursos públicos y múltiples maniobras para desviarlos.
La comparación, aunque sarcástica, resulta precisa para describir un entramado que no deja de crecer y que evidencia la sofisticación con la que se habría saqueado una de las entidades más sensibles del Estado. Lejos de enfriarse, el escándalo suma nuevos capítulos que profundizan la crisis institucional. Decisiones judiciales, sanciones administrativas y procesos penales en curso siguen revelando cómo operó esta red de corrupción.
Anulan millonaria asignación a Uribia
Uno de los hechos más recientes es la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de declarar la nulidad del acto que asignó más de 7.000 millones de pesos al municipio de Uribia, en La Guajira. Estos recursos, que eran administrados a través de un Fondo de Inversión Colectiva (FIC) de alta liquidez, deberán ser revertidos.
El fallo es claro: si hubo desembolsos parciales o totales, el municipio está obligado a devolverlos. La decisión representa un golpe directo a una de las líneas del entramado financiero del caso Ungrd y pone bajo la lupa el manejo de recursos destinados, en teoría, a atender emergencias y necesidades urgentes.
#NACIÓN | El Tribunal de Cundinamarca anuló un giro de más de $7.100 millones al municipio de Uribia al concluir que no tenía soporte técnico, financiero ni operativo suficiente.
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 16, 2026
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (@UNGRD) celebró la decisión que frenó el… pic.twitter.com/yCdxzUgnn9
Name y Calle seguirán detenidos
En paralelo, por vencimiento de términos, la defensa de los excongresistas Iván Name y Andrés Calle buscaba obtener su libertad. Sin embargo, la solicitud fue negada. Ambos fueron salpicados por, presuntamente, haber recibido sobornos provenientes del esquema liderado por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, a cambio de favorecer intereses dentro del Congreso.
La decisión judicial refuerza la gravedad de las acusaciones y mantiene el foco sobre la dimensión política del escándalo. No se trata solo de contratos irregulares, sino de una presunta red de corrupción que habría permeado altas esferas del poder legislativo.
Sanción a Luket por corrupción
El tercer hecho importante es la sanción impuesta por la Superintendencia de Sociedades a Luket S.A.S., empresa vinculada a Luis López, conocido como “El Pastuso”, uno de los nombres recurrentes en este caso.
La entidad confirmó que la compañía incurrió en actos de corrupción relacionados con contratos públicos, imponiendo una multa cercana a los 600 millones de pesos y restricciones para contratar con el Estado.
En su comunicado oficial, la Superintendencia fue contundente y, a través de auto administrativo, sancionó a Luket S.A.S. por actos de corrupción en contratos públicos, en aplicación de la Ley 2195 de 2022. Este pronunciamiento no solo ratifica la participación de actores privados en el entramado, sino que también evidencia cómo se articulaban los intereses entre funcionarios y contratistas para desviar recursos públicos.
Ungrd: entidad vulnerable
El caso Ungrd no solo expone hechos de corrupción. También deja al descubierto una realidad preocupante: la vulnerabilidad de una entidad que, por su naturaleza, debería contar con los más altos estándares de control y transparencia.
La Ungrd administra recursos destinados a atender desastres naturales, emergencias humanitarias y situaciones críticas. Sin embargo, los recientes escándalos demuestran que estos fondos habrían sido objeto de manipulación y desvío sistemático.
El impacto es doble. Por un lado, se pierden recursos públicos; por otro, se debilita la capacidad del Estado para responder a emergencias, afectando directamente a las poblaciones más vulnerables.
Entramado que sigue creciendo
Lejos de cerrarse, el caso continúa expandiéndose. Cada nueva decisión judicial o administrativa revela una pieza adicional del rompecabezas, confirmando que no se trató de hechos aislados, sino de un esquema estructurado. El “sancocho” de la corrupción en la Ungrd sigue hirviendo. Y mientras salen a flote nuevos ingredientes, el país enfrenta una pregunta de fondo: ¿cómo garantizar que los recursos destinados a salvar vidas no terminen, otra vez, en manos de redes corruptas?