La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto del Gobierno que imponía un cobro del 2,5 % sobre las utilidades de las empresas generadoras de energía. El fallo obliga a devolver o compensar los recursos recaudados y representa un nuevo revés para las medidas adoptadas durante la emergencia económica.

La Corte Constitucional tumbó el decreto con el que el Gobierno nacional había creado una contribución especial sobre las utilidades de las empresas generadoras de energía eléctrica.

La medida había sido expedida en enero de 2026 en el marco de la emergencia económica decretada por el Ejecutivo para enfrentar la crisis del sector energético y la situación financiera de Air-e.

La decisión fue adoptada por unanimidad en la Sala Plena del alto tribunal. Con una votación de 8-0, la Corte declaró inexequible el Decreto Legislativo 0044 de 2026, que establecía un cobro equivalente al 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos de las compañías generadoras.

Además de anular el tributo, la Corte ordenó que los recursos recaudados bajo esa figura sean devueltos o compensados por la Dian en un plazo máximo de seis meses.

La sentencia también contempla beneficios tributarios para las empresas que suministraron energía bajo las medidas extraordinarias del Gobierno.

Efectos del fallo

El tribunal concluyó que el decreto perdió sustento jurídico luego de que previamente fuera tumbada la emergencia económica que había servido de base para expedir las medidas tributarias. Según la Corte, el Gobierno no logró demostrar las condiciones excepcionales necesarias para imponer nuevas cargas fiscales mediante decretos de emergencia.

La decisión tiene un fuerte impacto fiscal para el Ejecutivo, pues el cobro hacía parte de las estrategias diseñadas para aliviar la crisis financiera del sistema eléctrico.

Parte de esos recursos buscaban respaldar la operación de Air-e, empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

Desde el sector energético, la determinación fue recibida como una señal de seguridad jurídica para las empresas. Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), aseguró en medios de comunicación que “es una decisión valiosa” y afirmó que el fallo evidencia “las malas maneras que tuvo el Gobierno nacional (...) decretando unos impuestos que no tenían sentido desde el punto de vista constitucional”.

Reacciones

Las reacciones políticas y empresariales no tardaron en aparecer tras conocerse la sentencia de la Corte. El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión y defendió la necesidad de mantener las medidas económicas para enfrentar la crisis energética en el Caribe colombiano.

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que “devolverle los impuestos a los poderosos dueños de generadoras después que estafaron al pueblo de Colombia con tarifas diez veces más altas de lo que debían cobrar” afecta los recursos que el Gobierno necesita para enfrentar la situación fiscal y energética del país.

Por su parte, Alejandro Castañeda insistió en que el fallo demuestra la independencia institucional de la Corte Constitucional y sostuvo que “el Gobierno actuó mal y no actuó en derecho” al crear nuevos tributos bajo el amparo de la emergencia económica.

El dirigente gremial también destacó que la devolución de los recursos ordenada por la Corte representa una decisión poco común. “Es muy extraño que la Corte lo haga”, señaló, al explicar que el alto tribunal consideró que los cobros realizados carecían de soporte constitucional.

La sentencia deja ahora un nuevo escenario de tensión entre el Gobierno y el sector energético, mientras crece el debate sobre cómo financiar la atención de la crisis eléctrica en la región Caribe sin recurrir a medidas extraordinarias.