El alto tribunal ordenó crearlos desde 2027 y presionó al Congreso para reglamentar la jurisdicción rural, pero la decisión despierta críticas por su impacto institucional y por sumar incertidumbre en lugar de soluciones inmediatas.

La decisión de la Corte Constitucional sobre la creación de juzgados agrarios, lejos de generar consenso, hace urgente la discusión sobre la eficacia de la llamada jurisdicción agraria. Aunque el fallo responde a una demanda del director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, su alcance deja dudas sobre si realmente se está resolviendo el problema de fondo o si se está ampliando la carga institucional sin resultados claros en el corto plazo.

El pronunciamiento valida aspectos del Decreto Ley 902 de 2017 y además impone una hoja de ruta que, en la práctica, podría traducirse en más trámites y mayor complejidad para resolver conflictos rurales, justo en un escenario donde la agilidad debería ser prioridad.

Más estructura, menos soluciones

La orden al Consejo Superior de la Judicatura de crear juzgados y tribunales agrarios a partir de 2027 ha sido presentada como un paso histórico. Sin embargo, el plazo evidencia una desconexión con la urgencia del campo colombiano.

Los conflictos por la tierra no esperan cuatro años, y proyectar soluciones a tan largo plazo refuerza la percepción de que el Estado sigue reaccionando tarde.

A lo anterior se suma la presión al Congreso para expedir la ley que reglamente la jurisdicción agraria. Si bien el llamado es contundente, también deja ver que la estructura normativa sigue incompleta. En ese contexto, avanzar hacia una nueva jurisdicción podría generar más vacíos que certezas, aumentando la inseguridad jurídica en lugar de reducirla.

Riesgos de fragmentación

Uno de los principales cuestionamientos a la jurisdicción agraria es el riesgo de fragmentar aún más el sistema judicial. Crear jueces especializados puede parecer una solución técnica, pero también implica duplicar funciones, generar conflictos de competencia y complicar el acceso a la justicia para los productores rurales.

En lugar de fortalecer la justicia existente, la apuesta por una nueva jurisdicción podría derivar en una estructura paralela que no necesariamente garantice decisiones más rápidas o efectivas. De hecho, en regiones donde ya hay limitaciones de infraestructura judicial, sumar nuevas instancias podría convertirse en un obstáculo adicional.

Reforma con más dudas que certezas

El fallo, aprobado por unanimidad, respalda la estrategia de la Agencia Nacional de Tierras y se alinea con la Reforma Agraria del Gobierno. No obstante, ese respaldo institucional no despeja las preocupaciones sobre su viabilidad práctica ni sobre el impacto real en el campo.

Más allá del discurso, la implementación de la jurisdicción agraria exige recursos, coordinación y claridad normativa, elementos que históricamente han fallado. Sin estas garantías, el riesgo es que la medida termine siendo otro experimento institucional que no logre transformar la realidad rural.

En lugar de resolver los problemas estructurales del acceso y uso de la tierra, la decisión de la Corte podría estar abriendo un camino más largo y complejo en el que la justicia agraria siga siendo una promesa, pero cada vez más difícil de cumplir.