La Sala de Instrucción rechazó la recusación presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ratificó la permanencia de César Reyes y Marco Antonio Rueda en proceso por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña al Senado en 2018.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para apartar a los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda del proceso que sigue el alto tribunal por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña al Senado de 2018.

La decisión permite que la investigación continúe bajo la dirección de los mismos togados que venían conociendo el expediente.

La recusación había sido promovida por el abogado Jaime Granados, quien argumentó una supuesta afectación a la imparcialidad de los magistrados y cuestionó las garantías procesales dentro del caso.

Sin embargo, la Corte concluyó que los argumentos expuestos no cumplían con los requisitos legales para prosperar.

Decisión de la Corte

Tras analizar la solicitud, la Sala de Instrucción determinó que no existían elementos suficientes para comprometer la objetividad de los magistrados.

Por ello, declaró infundada la recusación y ordenó continuar con el trámite judicial que se encontraba suspendido mientras se resolvía el recurso.

De acuerdo con la decisión, el despacho del magistrado César Reyes, quien actúa como ponente del caso, podrá retomar la práctica de pruebas y las demás actuaciones relacionadas con el expediente.

La determinación contó con la participación de conjueces designados para estudiar el recurso presentado por la defensa del exmandatario.

“La recusación no cumplía los requisitos para prosperar”, concluyó la Sala de Instrucción al resolver la solicitud presentada por la defensa del también exsenador.

Origen del proceso

La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con los recursos utilizados durante la campaña de Uribe al Senado en 2018.

Entre los hechos examinados por la Corte figura un aporte de 20 millones de pesos atribuido al piloto Samuel David Niño Cataño, cuyo nombre ha sido mencionado dentro de las pesquisas adelantadas por el alto tribunal.

La Corte abrió una indagación previa para establecer si los recursos que financiaron la campaña fueron reportados de manera adecuada y si cumplieron con las exigencias legales establecidas para la financiación política.

En ese contexto, los investigadores continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar el alcance de las posibles irregularidades.

Defensa insiste en falta de garantías

La defensa del expresidente sostuvo que existían circunstancias que podían generar dudas sobre la neutralidad de los magistrados dentro del proceso.

Según los argumentos presentados, algunas actuaciones previas de los togados podían afectar la percepción de imparcialidad que debe caracterizar las decisiones judiciales.

No obstante, la Corte descartó esos señalamientos y concluyó que no había razones jurídicas para separarlos del expediente.

Con ello, quedó despejado uno de los principales obstáculos procesales que enfrentaba la investigación y se reactivó formalmente el avance de las diligencias.

“Los argumentos presentados carecen de fundamento para comprometer la imparcialidad de los instructores”, señaló la decisión conocida tras la deliberación de la Sala.

La resolución representa un nuevo capítulo dentro de los procesos judiciales que involucran al exmandatario y líder natural del Centro Democrático, mientras la Corte Suprema continúa recopilando elementos para establecer si existieron o no irregularidades en la financiación de la campaña legislativa de 2018.