El fallo constitucional abre la puerta a un sistema judicial especializado que atenderá conflictos de tierras. Según la entidad, permitirá garantizar acceso a la justicia con enfoque de género, territorial y diferencial, fortaleciendo compromisos del Acuerdo Final de Paz con mujeres y comunidades rurales.

Con la Sentencia C-340 de 2025, la Corte Constitucional ratificó la constitucionalidad de la mayor parte de la Ley Estatutaria que organiza la Jurisdicción Agraria y Rural. La Defensoría del Pueblo saludó el fallo como un hito en la garantía de derechos para comunidades campesinas y rurales históricamente excluidas.

Este nuevo marco judicial busca transformar realidades marcadas por desigualdades en el acceso a la tierra. Datos de la encuesta GEIH del DANE revelan que el 13,3 % de la población mayor de 15 años residente en cabeceras se reconoce como campesina; dentro de ese universo, las mujeres representan casi la mitad, pero enfrentan fuertes limitaciones en materia de propiedad. (Lea en CONtexto ganadero: Reglamentación de jurisdicción agraria, a un paso de su aprobación total)

“Datos reflejan las barreras estructurales que la nueva Jurisdicción Agraria debe ayudar a superar, garantizando que el acceso a la justicia en el campo incorpore un enfoque de género real y efectivo”, señaló la Defensoría en su pronunciamiento.

Los compromisos del Acuerdo Final de Paz se ven materializados con la puesta en marcha de este esquema, que ofrecerá acceso más ágil y oportuno a la justicia en territorios priorizados. A ello se suma un componente de asesoría legal y formación especializada que permitirá a mujeres campesinas fortalecer su reconocimiento como propietarias y sujetas de derechos.

“Su implementación traerá como impacto un acceso más ágil y oportuno a la justicia en zonas priorizadas, acompañado de asesoría legal y formación especializada que permitirá a las mujeres conocer y ejercer plenamente sus derechos sobre la tierra”, enfatizó la entidad.

Finalmente, la Corte estableció que jueces y magistrados deberán ser seleccionados bajo criterios que incluyan no solo experiencia en derecho agrario, sino también sensibilidad frente a los derechos de campesinos, comunidades étnicas, mujeres rurales y víctimas del conflicto armado, aplicando enfoques territorial, diferencial y de género.

Desde la Defensoría aseguraron un acompañamiento cercano al proceso de implementación, con el propósito de que esta jurisdicción agraria no quede en el plano normativo, sino que se convierta en una realidad efectiva para los territorios rurales del país. (Lea en CONtexto ganadero: Viene la Jurisdicción Agraria)