La representante a la Cámara adelantó que el gobierno de Abelardo de la Espriella buscará, desde el 7 de agosto, desmontar los mecanismos de negociación con grupos armados y endurecer la política de seguridad, un giro con impacto directo en las zonas rurales golpeadas por el abigeato, la extorsión y las restricciones para producir.

La representante a la Cámara por Bogotá aseguró que la seguridad será el punto de partida del gobierno de Abelardo de la Espriella.

La eliminación de la política de Paz Total, el endurecimiento frente a los grupos armados y los cambios que llegarán al Congreso marcarán el inicio del nuevo cuatrienio, con especial expectativa en las regiones rurales.

"Nuestra prioridad número uno es la derogación de la Paz Total". Con esa frase, la congresista de Salvación Nacional, Carol Borda, resumió en entrevista con CONtexto Ganadero lo que considera será uno de los primeros frentes legislativos del gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto.

La afirmación coincide con los anuncios del mandatario electo, quien confirmó que desde el inicio de su administración desmontará los principales mecanismos de la política de Paz Total implementada por el gobierno de Gustavo Petro.
Entre las medidas anunciadas están la suspensión de los procesos de diálogo con organizaciones armadas ilegales, la reactivación de las órdenes de captura suspendidas y la eliminación del reconocimiento político a estructuras criminales, que solo podrán acceder a un sometimiento ante la justicia ordinaria.

Para el sector ganadero, el debate trasciende lo político. Con la presencia de grupos armados ilegales, las extorsiones, el abigeato y las restricciones para producir continúan siendo algunos de los principales obstáculos para el desarrollo de numerosas regiones del país.

Seguridad primero

Borda sostuvo que la seguridad será el eje sobre el cual girarán las principales reformas del nuevo gobierno. "Estamos convencidos de que sin seguridad no hay desarrollo, no hay economía, no hay libertad, no hay inversión extranjera, no hay producción nacional. Sin seguridad no vamos a poder dar ese desarrollo como país", afirmó la congresista.

Explicó que, aunque el Ejecutivo presentará su propia iniciativa para desmontar esa política, en el Congreso ya se impulsan proyectos para modificar la Ley 2272 de 2022 y eliminar los beneficios que, según el nuevo gobierno, favorecieron a organizaciones armadas ilegales.

Para el sector agropecuario, la apuesta cobra especial relevancia porque buena parte de la producción nacional se desarrolla en zonas donde históricamente han operado estructuras ilegales, lo que afecta la inversión, la movilidad y la actividad económica.

El camino legislativo

Borda confía en construir mayorías con partidos y congresistas afines, aunque reconoció que habrá una oposición firme. Según explicó, el nuevo mandatario tiene la capacidad de acercar a legisladores por fuera de las lógicas tradicionales de bancada, algo que, a su juicio, abre la puerta a acuerdos legislativos poco comunes en el Congreso.

El respaldo a las reformas, advirtió, dependerá del compromiso de cada bancada con las necesidades del país. "Para mí lo importante es poder llevar esa extrema coherencia al Congreso y apoyar lo que los colombianos necesitan, porque que a Abelardo le vaya bien, le va bien al país", puntualizó.

Las decisiones que comenzaron a discutirse desde el 20 de julio y que logren materializarse tras la posesión presidencial marcarán el rumbo de la política de seguridad durante los próximos cuatro años.

Para el sector rural, el resultado de ese debate será clave: de él dependerán las condiciones para producir, invertir y recuperar territorios donde la violencia sigue siendo uno de los principales frenos al desarrollo económico.